Los abogados rechazan la obligación de seguir cursos especiales para ejercer

VIENE DE LA PÁGINA 1 Si existe algún tema polémico que divide a los abogados es la regulación del acceso a la profesión, y el congreso que ayer finalizó en Tarragona fue una muestra de ello porque se rechazaron tantas propuestas como se presentaron. La ponencia marco que se debatió en comisión impulsada por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, que preside Jaume Alonso-Cuevillas, también decano del colegio de Barcelona, proponía que para ejercer la abogacía fuesen obligatorios dos años de formación tras la licenciatura a través de una pasantía o de unos cursos en una escuela de prácticas jurídicas y que al finalizar éstos se superase un examen. La amplia presencia en el congreso de los Jóvenes Abogados de Cataluña (JAC) comportó que esa propuesta se rechazase en comisión, lo que no ocurrió con ninguno de los otros 14 asuntos abordados. En su lugar los letrados acordaron que bastase con unos cursos de especialización tras la licenciatura, una propuesta que rechazan las juntas de la mayoría de los 14 colegios catalanes, que representan a más de 25.300 letrados. La misma propuesta exponía que, en todo caso, los requisitos para ejercer en Cataluña deberían ser los mismos que en el resto de España. Sin embargo, la nueva propuesta alternativa volvió a ser rechazada por 121 votos a favor y 249 en contra en el pleno, donde los abogados con muchos años de experiencia son mayoritarios. "A la comisión no le gustó la ponencia inicial, pero al pleno tampoco le gustó la ponencia de la comisión", explicó Alonso-Cuevillas. En su opinión, "ha quedado claro que se trata de un tema superpolémico, pero eso ya lo sabíamos antes del congreso". A juicio del presidente de los abogados catalanes, esa visible división entre los letrados no ensombrece el resultado del congreso, puesto que, según explicó, no se trata de una cuestión que se pueda regular por reglamento, como el código de la abogacía catalana, sino por ley. Eso es al menos lo que, según Alonso-Cuevillas, evidencian los informes encargados por la Generalitat. De ahí que deberá ser el nuevo Parlament el que zanje de una vez esa cuestión.