El Estado seguirá pagando la atención médica privada a 200.000 trabajadores

Más de 200.000 trabajadores de grandes empresas que reciben asistencia sanitaria privada financiada con dinero público seguirán beneficiándose de este régimen especial. Una proposición de ley del PSOE que proponía la desaparición de las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria y la integración de sus trabajadores en el sistema público fue rechazada ayer gracias a los votos del PP y sus socios nacionalistas. El portavoz popular, César Villalón, admitió la necesidad de cambiar el régimen de estas empresas, pero calificó la iniciativa socialista de "chapuza".

El razonamiento del PSOE es el siguiente: ya que el Sistema Nacional de Salud ya no se financia a través de las cotizaciones de la Seguridad Social, sino gracias a los Presupuestos Generales del Estado, no tiene sentido mantener un régimen especial "anacrónico" como el de las 36 empresas colaboradoras, grandes compañías que ofrecen a sus trabajadores cobertura sanitaria completa en clínicas privadas y reciben del Estado una compensación económica anual a cambio de esta prestación.Las 36 empresas colaboradoras -entre las que se encuentra Telefónica, varias entidades bancarias y otras grandes compañías- generan "mercados cautivos", en palabras de la diputada socialista Ángeles Amador, ya que suministran una clientela fija -de 219.000 a 300.000 trabajadores, según los oradores- y saludable.

La portavoz de Izquierda Unida, que apoyó la iniciativa, Ángeles Maestro, recordó que por esta vía el sector sanitario privado tiene garantizados los beneficios sin apenas asumir riesgos, ya que reciben una cartera de clientes en edad laboral que, cuando se jubilan, vuelven a la sanidad pública o se ven obligados a contratar un seguro privado.

Para acabar con esta situación, los socialistas proponían que los trabajadores volvieran al Sistema Nacional de Salud, recibieran un tarjeta sanitaria individual del éste y les fuera asignado un médico general en su lugar de residencia.

El dinero que el Gobierno se ahorraría con este cambio -más de 17.000 millones de pesetas- sería repartido entre el Insalud y las comunidades que tienen transferida la sanidad en proporción al número de trabajadores que se habrían visto afectados por la nueva ley. La propuesta no salió adelante, a pesar de que el PSOE sumó los votos de IU y Nueva Izquierda y de que el Gobierno ha mostrado su intención de modificar este régimen especial, similar al que tienen los funcionarios, como recordó el portavoz de NI, Ricard Peralta.

En el otro lado, PP, CiU, PNV y CC, desligaron el modelo de financiación de la sanidad de la existencia de este régimen especial que comenzó hace más de 30 años; subrayaron los defectos de forma que, según dijeron, presentaba la proposición socialista y recordaron que la desaparición de las empresas colaboradoras tendría consecuencias negativas para sus trabajadores y para los de las clínicas privadas que los atienden.