Los chilenos viven el juicio con indiferencia y escasa repercusión en las calles

El que en diversos sectores se considera como el juicio internacional de mayor envergadura desde el proceso de Nuremberg provocó en Chile un amplio despliegue informativo en los medios de comunicación que contrasta con el escaso interés que despierta en la calle. A excepción de reducidísimos grupos que se animan a salir a la calle a vitorear al ex dictador, la ciudadanía no oculta el cansancio por la prolongación del caso Pinochet, que se prolonga desde hace casi un año.

La jornada de ayer en Santiago, con menor entusiasmo, fue una repetición de las vividas en los distintos hitos del proceso al general. Las mismas escenas en la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos o en la Fundación Pinochet, el mismo tono de las declaraciones de los detractores y los seguidores de Pinochet que se escucharon el 25 de noviembre cuando la Cámara de los Lores denegó la inmunidad al general, el 9 de diciembre, cuando el ministro británico del Interior, Jack Straw, dio luz verde al proceso de extradición, o el 24 de marzo, cuando los lores declararon que Pinochet puede ser extraditado por casos de tortura posteriores a 1988. El optimismo que transmitía Viviana Díaz, presidenta de la agrupación de las víctimas de la dictadura, contrastaba con el tono apesadumbrado de Hernán Guiloff, presidente de la Fundación Pinochet. "Esto es un juicio político. Si hay extradición, se abrirá una vía muy ancha que puede afectar a otros líderes del mundo". Unas cuantas mujeres con pancartas y retratos de su caudillo gritaban su consigna preferida: "¡Chi, chi, chi, le, le, le; Chile, Chile, Pinochet!". Las sedes diplomáticas de España y el Reino Unido, como es habitual desde la detención del general, estaban protegidas por fuerzas de seguridad, que no adoptaron medidas especiales.La transición

El ministro secretario general de la Presidencia, Carlos Mladinic, reiteró lo que había dicho el canciller Valdés: la muerte de Pinochet en Londres pondría en peligro la transición chilena. El presidente Eduardo Frei prefirió no hacer declaraciones sobre el juicio de extradición, pero sí tuvo una palabras de autocrítica en un acto de homenaje al cardenal Raúl Silva Enríquez, cuando afirmó que los chilenos no habían buscado "con afán suficiente la verdad y la justicia".

Casi más que en Londres, la atención estuvo centrada desde primera hora de la mañana en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde poco después del mediodía falleció el diputado de la Democracia Cristiana (DC) y exdirigente sindical Manuel Bustos Huerta, que fue ingresado el domingo en grave estado a causa de un cáncer cerebral. Destacados dirigentes políticos de los partidos de la Concertación y de la oposición acudieron al centro sanitario a rendir un último tributo al histórico sindicalista que cosechó el respeto de los más amplios sectores. El presidente Frei, su antecesor Patricio Aylwin, el presidente de la patronal Walter Riesco y representantes del mundo sindical elogiaron la figura del sindicalista fallecido. Diversos candidatos presidenciales calificaron a Bustos como el último gran líder del mundo sindical de Chile.

Manuel Bustos, nacido en 1943, adoptado a los seis meses por una familia humilde, mecánico textil de profesión, empezó su actividad sindical hasta llegar a la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Tras el golpe militar de 1973 fue detenido y vivió el exilio en Brasil y Europa. Mientras en Londres se juzga a Pinochet, en Chile, varios abogados de causas de violaciones de derechos humanos han pedido que los militares actualmente procesados cumplan la detención preventiva en el penal de Punta Peuco y no en recintos militares como hasta ahora. En dicho penal se hallan recluidos los generales Manuel Contreras y Pedro Espinoza, condenados por el asesinato del excanciller Orlando Letelier. Los letrados consideran que en los recintos militares los uniformados procesados pueden recibir todo tipo de visitas y comunicarse con el exterior sin control alguno, lo que les permite hacer declaraciones o recibir instrucciones para cuando sean llamados a declarar ante los tribunales. Los abogados mencionan el caso del genera Humberto Gordon, exjefe de la CNI, "quien ha dado hasta entrevistas de prensa por teléfono", el coronel Sergio Arredondo, detenido en la Escuela de Caballería "donde tiene casa fiscal" y el brigadier Roberto Schmied, detenido en el regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén.