La detención del ex dictador ha provocado cambios en la política y la justicia chilena

En los casi 12 meses que lleva detenido Augusto Pinochet se han producido en Chile algunos hechos de incuestionable carácter político inimaginables cuando el comandante en jefe devenido senador vitalicio se sentía amo y señor de su país, y que demuestran que la prolongada detención ha tenido un efecto palpable. La Mesa de Diálogo entre enemigos irreconciliables, el cambio de actitud de la justicia hacia los militares acusados de violaciones de derechos humanos y la frustración de aquellos sectores pinochetistas que siempre se manifestaron con altanería son nuevos actores en el escenario político chileno.

Por iniciativa del ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, militares y abogados defensores de las víctimas de la dictadura se sentaron por primera vez el pasado 21 de agosto para hablar de los detenidos-desaparecidos durante el régimen que presidió el general detenido en Londres. El viernes tuvo lugar la última reunión de la ronda de exposiciones durante la que han intervenido hasta 18 oradores: Gobierno, oposición, Fuerzas Armadas, abogados de derechos humanos, Iglesia. No están en la Mesa de Diálogo los generales retirados, principales artífices de la represión en la etapa más cruenta de la dictadura, porque no han sido admitidos, aunque están representados por los uniformados en activo. Ni las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos, ni el partido comunista, por considerar que la iniciativa sólo aporta un balón de oxígeno a los militares cuando están más acorralados por la justicia, apoyan a la Mesa.La Mesa tiene el aval de la cúpula militar y del exdictador, lo que da idea de los aires que soplan en el estamento castrense, que se siente desprestigiado como nunca por el creciente número de sus miembros que han sido procesados. El general Juan Carlos Salgado, enlace entre el Ejército y Pinochet, ha asistido a las reuniones y aunque ha mantenido la conocida posición de los militares de que no tienen información del paradero de los desaparecidos, ha exhibido un tono más conciliador del habitual en sus pares. Hay que mirar como hermanos a quienes antes se miró como enemigos, ha dicho. ¿Maniobra para maquillar la imagen del Ejército? Es probable. Los uniformados acuden obligados por las circunstancias a una mesa para hablar de los desaparecidos y saben que, si resplandece la verdad, son los que tienen más que perder.

El abogado Roberto Garretón, conocido por su incansable defensa de los derechos humanos desde los peores tiempos de la dictadura, es uno de los asistentes. "Que podamos sentarnos en la misma mesa con los militares ya es un valor". Subraya que ha habido un trato respetuoso y que se ha hablado con mucha franqueza en todas las sesiones.

En el terreno de la justicia, la detención de Pinochet no es ajena al rumbo firme que han tomado algunos jueces en la investigación de las violaciones de los derechos humanos. "Se han dado cuenta de que es posible hacer justicia sin presiones. Garzón lo hace en España, los lores en el Reino Unido, ¿por qué no nosotros?, se dicen a sí mismos", comenta Garretón. La mayoría de los juces de la Corte Suprema no pertenece a la época de la dictadura. Hay cinco generales detenidos, unos 25 militares procesados, varias decenas han sido citadas a declarar y la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema ha rechazado últimamente todos los recursos planteados. El juez Juan Guzmán instruye 43 querellas contra Pinochet y ha ordenado la detención y procesamiento de altos oficiales, entre ellos el general Sergio Arellano, por la caravana de la muerte. El juez Sergio Muñoz ordenó la detención y procesó a dos generales, máximos responsables de la polícia política por el asesinato de un sindicalista. El juez Hugo Dolmestch procesó a varios oficiales por la llamada operación Albania, un acción policial que costó la vida de varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. Y el juez Milton Juica actuó contra los imputados en el caso conocido como el de los degollados. "Estos jueces sienten una cierta vergüenza por lo que hicieron o no hicieron sus colegas durante la dictadura", apunta Garretón.

Algo está cambiando en la justicia, si se recuerda que el pionero de los magistrados independientes, Carlos Cerda, procesó en 1982 a cinco generales, entre ellos el exmiembro de la Junta Militar Gustavo Leigh, por la desaparición de 13 dirigentes comunistas. Todos se beneficiaron del decreto-ley de amnistía y el juez fue castigado con dos meses de suspensión de empleo y sueldo.

Pero existen resistencias. El general retirado Jorge Ballerino, con etiqueda de moderado, ha repetido que el exdictador nunca será juzgado en su país, y el cuerpo de generales retirados ha respondido como un solo hombre para proclamar la inocencia del general Hugo Gordon, ahora detenido (exmiembro de la Junta y anterior responsable de los servicios secretos de la dictadura). La ley de amnistía sigue en vigor y la derecha pide un perdón jurídico que vaya más allá de su límite, el año 1978. El abogado Joan Garcés, representante de la acusación particular contra Pinochet, define así la situación: la verdadera transición comenzó el día que detuvieron al exdictador.

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