La revalorización de las pensiones

La revalorización de las pensiones es un asunto político que, seguramente, tanto Cataluña como las comunidades en que gobierna el PSOE han planteado con oportunismo. Pero acusar de electoralismo a estos agentes políticos es tanto como decir: de momento, no me encuentro con fuerzas para discutir este tema. ¿Por qué no? Se trata de una decisión de gran trascendencia económica sobre la que, como veremos, hay bastantes alternativas contrapuestas pero razonables. Luego conviene que quien crea que tiene algo que decir, lo intente.Como han puesto ya de manifiesto varios autores, en este asunto hay dos preguntas clave: ¿Deben o no revalorizarse automáticamente todas las pensiones en función del IPC?; y en caso afirmativo, ¿qué inflación debemos utilizar, la media del Estado o la propia de cada una de las comunidades autónomas?

Para empezar, será útil clarificar a qué pensiones nos referimos: las contributivas, que son el resultado de las aportaciones realizadas por los trabajadores y sus empresas en el pasado, o las no contributivas, que son transferencias públicas que surgen como parte del Estado de bienestar en que vivimos. Si alguien piensa que las segundas son demasiado bajas, entonces debe reivindicar sin más su subida, independientemente de la inflación y otras consideraciones.

Esto es lo que ha acabado por reconocer el Gobierno tras la fuerte presión política a que se ha visto sometido. La incongruencia de esta generosidad cuando todos sabemos que el sistema tiene graves dificultades a medio plazo, no es un problema político baladí, pero no es el que ahora nos ocupa. La cuestión es, bajo el supuesto de que las pensiones de ambos tipos estuvieran en una relación aceptable, ¿con qué criterio debemos revalorizar todas ellas anualmente? Éste es el problema planteado por Cataluña.

En respuesta a la primera pregunta, si el objetivo político es que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva como consecuencia de la inflación, la revalorización debe realizarse de acuerdo con el IPC. En su reciente contribución al debate, Miquel Roca recuerda que todos los partidos han mostrado ya su acuerdo en el pasado con este razonamiento. Luego si la voluntad política está ya formada, no hay más que hablar de este asunto. Sin embargo, hay alternativas concebibles que conviene traer a colación.

Un buen rival del IPC es la evolución de la productividad. Si los precios suben más deprisa (o más despacio) que la productividad, ¿por qué habríamos de favorecer (o penalizar) a los pensionistas en relación con los demás individuos cuya suerte está en principio restringida por las posibilidades productivas del país? Luego hay, al menos, un objetivo político alternativo, consistente en revalorizar las pensiones de acuerdo con la evolución de la productividad del sistema. Sería bueno contraponer ambos objetivos y preguntarse si no hay otros igualmente razonables.

Pero antes de continuar el debate, es preciso subrayar que todos los participantes aceptan implícitamente que el IPC es un buen indicador de la inflación. Aun a riesgo de abrir otra caja de Pandora, lo cierto es que esto es discutible. En diciembre de 1996, un comité del Senado de los Estados Unidos, presidido por el profesor de Stanford Michael Boskin, concluyó que el IPC de aquel país sobreestimaba el alza del coste de la vida en un 1,1% al año.

Si éste fuera realmente el caso, imaginen el ahorro público que se derivaría de la corrección de un error tan importante. Bajo el (heroico) supuesto de que los problemas de medición de la inflación en España son esencialmente los mismos que en la economía norteamericana, en un estudio reciente realizado bajo mi dirección (véase Ruiz-Castillo, J., E. Ley y M. Izquierdo, La medición de la inflación en España, Servicio de Estudios, La Caixa) se concluye que la sobrevaloración en la medición de la inflación en nuestro país pudiera ser de 0,6% al año.

Pero esto no es todo. En cada país, la autoridad estadística encargada de la elaboración del IPC tiene que adoptar decisiones metodológicas de carácter técnico que son susceptibles de crítica. Por nuestra parte, pensamos que el tratamiento que reciben la vivienda y otras cuestiones en el IPC dan lugar a una infravaloración de la inflación real del 0,3% al año. Es decir, un error importante, pero en la dirección contraria de la desviación sugerida por el informe Boskin.

Naturalmente, nuestro análisis no será compartido por todos. Pero en la medida que fuera correcto, siquiera parcialmente, las consecuencias económicas -solamente en lo que a la revalorización de las pensiones se refiere- serían considerablemente mayores que las que se ventilan en el debate actual.

Desde nuestro punto de vista, sería de desear que el debate se extendiera a estos asuntos. Lo cual no ocurrirá a no ser que alguna fuerza social y /o política suficientemente representativa se interese por ello. El momento es bueno, pues aunque el INE no ha producido todavía documentación escrita al respecto, debe estar relativamente cerca de concluir los trabajos sobre un nuevo cambio de base del sistema.

Llegamos ya a la segunda pregunta. Miquel Roca, por ejemplo, sostiene: "Si de lo que se trata es de mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, es obvio que deben tenerse en cuenta las diferencias que en la evolución de los precios tiene el territorio donde se produce el gasto". Lo contrario generaría un trato discriminatorio e insolidario para aquellos pensionistas que residieran donde los precios han subido en mayor medida; máxime si pensamos que los que están en mejores condiciones para variar su residencia en función de los precios u otras razones son, sobre todo, los pensionistas más ricos.

Dado que, entre otras razones de peso, el INE publica oficialmente un índice separado para cada comunidad autónoma, el territorio al que actualmente cabe referirse es la comunidad autónoma. Hoy por hoy, la referencia a la provincia o el municipio no es más que una argucia retórica por parte del Gobierno para desacreditar la propuesta de Cataluña. ¿Se puede ofrecer algo nuevo al debate en este plano? Yo creo que sí: alguna evidencia empírica al respecto. Piénsese que, conceptualmente, no ya cada comunidad, sino cada hogar individual tiene su propia inflación. Todo depende de los bienes que consumimos cada cual; si lo hacemos preferentemente de aquellos bienes cuyos precios suben más deprisa, nuestra inflación será mayor, y viceversa.

En el trabajo ya citado, nos preguntamos qué factores influyen para que varíe la inflación que sufre cada hogar. Todo cuenta, variables de tipo demográfico, económico, social y geográfico. Pero el factor más importante, ceteris paribus, es la comunidad autónoma o la provincia de residencia. Así, desde el invierno de 1991 a enero de 1998, el margen que separa a la comunidad con la mayor inflación (Baleares) y la de menor inflación (Aragón) es, aproximadamente, de 0,9% al año. Una diferencia muy importante, a tenor de los órdenes de magnitud que se han citado anteriormente. Sin embargo, también encontramos que la inflación de los hogares encabezados por un retirado no es significativamente distinta de la que soporta un hogar encabezado por una persona activa en la agricultura o un asalariado en el sector privado en la industria o los servicios.

Luego es razonable preocuparse políticamente de la asimetría con que se produce la inflación en España en la dimensión geográfica, aunque hay que reconocer que se trata de un factor que incide de forma similar en los retirados y en la mayoría de los demás hogares.

Desde el punto de vista económico, quien sustente una posición contraria a la de la Generalitat puede argumentar que, en la medida que las comunidades autónomas tengan algún control sobre la formación de los precios en su ámbito territorial, si revalorizamos las pensiones de acuerdo con el IPC del Estado, estamos premiando (o castigando) a los pensionistas cuyos gobernantes han conseguido una inflación menor (o mayor) que la general. Es decir, estamos dando incentivos económicos para que los gobernantes autonómicos peleen por rebajar la inflación en su territorio.

Este argumento seguramente funciona mejor si ampliamos el marco de referencia al ámbito europeo. Un día, cuando la Unión Europea haya de decidir sobre esta materia, alguien insistirá, con razón, en la conveniencia de revisar las pensiones en cada país miembro de acuerdo con la inflación general para toda la unión.

Aunque ya no quede espacio, el asunto no se agota aquí. En otra ocasión podríamos referirnos a los dos puntos siguientes. En primer lugar, no nos hemos preguntado por el tipo de media que refleja el IPC general. Resulta que Cataluña pesa más que Extremadura no sólo porque tenga más habitantes, sino porque la primera comunidad es más rica que la segunda. Es más, tanto dentro de Extremadura como de Cataluña, los hogares más ricos pesan en el IPC más que los pobres. Un aspecto de la cuestión que es desconocido para la opinión pública, y que se trata extensamente en el trabajo citado.

En segundo lugar, piénsese que el IPC actual mide sólamente el distinto ritmo a que suben los precios en las diferentes comunidades a partir de un índice común igual a 100 en todas ellas en el año base de 1992. Luego esta información nada dice sobre si es más caro vivir en Andalucía, en Baleares o en Cataluña. Para responder a esa pregunta tenemos que construir otro índice distinto del IPC.

Para terminar, dos conclusiones. Hay que celebrar que la oposición entre los intereses de determinados agentes políticos haya conducido a la apertura de un debate importante. El problema tiene diversas y difíciles vertientes, por lo que el acuerdo final tardará en llegar.

Javier Ruiz-Castillo es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.