El Gobierno navarro, abierto a cambiar la ley para salvar los incentivos fiscales a la creación de empleo

Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra no se han andado por las ramas: el recurso de inconstitucionalidad presentado en junio por el Estado contra la ley de incentivos fiscales al reparto del empleo y la jornada de 35 horas carece de rigor y conduciría "a la desaparición del régimen fiscal navarro". Pese a ello, el presidente Miguel Sanz está dispuesto a modificar la ley. Una actitud "incongruente" y "timorata", en opinión de los socialistas, que acusan a UPN de no atreverse a defender la autonomía tributaria de Navarra frente al PP por motivos electorales.

Sanz está dispuesto a hacer caso omiso de los informes de sus propios expertos, remitidos al Constitucional en forma de alegaciones, y prepara una posible marcha atrás. Para ello se reunirá próximamente con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal navarra, con quienes pactó los incentivos, al objeto de proponerles una modificación de la ley y conseguir así la retirada del recurso. El PSN advirtió ayer, por boca de su secretario general, Juan José Lizarbe, de que se opondrán a cualquier modificación que lesione el fondo de las ayudas. El PSN quiere además que el propio Sanz explique ante el Parlamento su súbito deseo de cambiar una ley que UPN presentó en marzo en el Legislativo foral. El Ejecutivo regionalista calificó la ley de incentivos fiscales a la reducción de jornada como un texto pionero en España, al concretar por vez primera medidas de acercamiento a la jornada de las 35 horas en la negociación colectiva de las empresas privadas. La ley navarra establece tres ejes para la creación de empleo: la ampliación de hasta un millón de pesetas de la bonificación fiscal por cada puesto fijo creado con una reducción mínima de jornada del 5% en los dos años de aplicación de la ley, 2000 y 2001; la deducción fiscal de un 25% del valor neto de las inversiones si la empresa aumenta al menos en un 3% su plantilla fija, y la libertad de amortización de los activos empresariales, tanto los existentes como los de nueva adquisición. En junio, el Consejo de Ministros recurrió ante el Tribunal Constitucional los apartados de la libertad de amortización para el inmovilizado existente y la elevación al 25% del porcentaje de deducción de las inversiones en activos fijos. Desde entonces, las negociaciones entre los dos gobiernos hermanos han sido infructuosas y el Ejecutivo central mantiene su recurso, lo que ha llevado a los socios navarros del PP a plantear la modificación del texto legal. Para ello UPN deberá convencer a los agentes sociales y económicos que alcanzaron el acuerdo: los sindicatos UGT y CCOO y la patronal representada por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). Después, tendrá que conseguir el apoyo de un segundo partido para ratificar el el Parlamento foral los cambios y poder aplicar los incentivos a partir del 1 de enero del año 2000, como estaba previsto inicialmente. El Ejecutivo ha sondeado a los agentes sociales y económicos firmantes sobre las posibilidades de modificación legal del texto. Una sería la limitación de la libertad de amortización sólo al activo nuevo y la otra, una reducción del porcentaje de deducción por inversiones o bien el incremento del requisito en el aumento de plantillas, fijado ahora en el 3%. Uniformar inpuestos El informe que el gabinete jurídico de la Hacienda Foral remitió al Tribunal Constitucional está redactado en duros términos y llega a señalar que la Hacienda del Estado "ya nos tiene acostumbrados a unas valoraciones de las medidas fiscales que instrumenta Navarra exageradas y faltas de rigor". Los técnicos navarros acusan al Gobierno central de intentar negar la autonomía fiscal navarra para "uniformar la regulación del impuesto de Sociedades y de IRPF". Navarra niega que las medidas incorporadas a la ley de incentivos vayan a rebajar la presión fiscal en 2, 5 puntos respecto al territorio de régimen común, como asegura Madrid en su recurso. Lejos de eso, los técnicos de Hacienda recuerdan que entre 1990 y 1997 la presión fiscal subió en Navarra cuatro puntos frente a un 0,8% en el Estado. Y argumentan que esa presión fiscal global no sólo sería "equivalente"(término utilizado en el Convenio Económico) sino mayor en el territorio foral navarro, un 18,6% en 1997 frente al 14,7% en el territorio común el mismo año. El Gobierno, en la documentación remitida al Constitucional, informa de que los incentivos no tendrán apenas incidencia en la recaudación de impuestos y que no provocarán ninguna deslocalización de empresas foráneas al estar "perfectamente limitada" su vigencia a los dos próximos años.