Indecisión

EL LUNES pasado, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, anunciaba que el próximo Consejo de Ministros aprobaría un conjunto de medidas para frenar el desbordamiento de los precios en los meses de julio y agosto, que ha llevado la tasa anual de inflación a un inquietante 2,4%. La revisión del objetivo de inflación para este año -elevada del 1,8% al 2,4%- revela que el IPC vuelve a ser un problema serio para la economía española, indicio de la gestación de desequilibrios en el sistema de precios y costes. La intervención del portavoz despertó expectativas de una actuación inmediata para retomar el control del IPC y provocó el descenso de las cotizaciones bursátiles de las empresas que operan con precios intervenidos. Pues bien, esa expectación se ha visto defraudada. El Gobierno se limitó ayer a afirmar que la inflación es consecuencia del crecimiento -curiosa teoría- y a estudiar un informe sobre la evolución de los precios energéticos y sobre las medidas liberalizadoras que negociará con sus socios.En el nuevo esquema antiinflacionista delineado ayer por el portavoz, los impuestos especiales sobre los carburantes quedarían congelados a partir del 1 de enero del año 2000 y se estaría preparando una reducción del IVA sobre la bombona de butano desde el 16% al 7%. La próxima semana, el Gobierno podría aprobar un real decreto ley con medidas de carácter tibiamente liberalizador, tales como la flexibilización de las condiciones que imponen los ayuntamientos para instalar estaciones de servicio, la mejora de la información sobre gasolineras y precios en las autopistas (sic) o la próxima autorización de nuevas comercializadoras de gas natural. Además, Piqué anunció que se autorizará la entrada en el mercado español de tres compañías eléctricas extranjeras: una suiza, una estadounidense y una británica. Estas medidas, si finalmente son adoptadas, deben recibirse con cautela en términos de eficacia inmediata.

Una interpretación política de este retraso es que existen discrepancias entre los ministerios de Economía e Industria sobre la conveniencia de utilizar los impuestos como arma de choque contra la inflación. El Gobierno parece debatirse entre una actuación que reduzca inmediatamente la inflación disparada en los mercados energéticos, que implicaría necesariamente una reducción de los impuestos -Piqué manifestó ayer que no se quieren dañar sustancialmente las cuentas de resultados de las compañías- y una política de liberalizaciones limitadas en los mercados, de contenido más estructural y con efectos probablemente más duraderos. El dilema es muy serio, porque si bien la reducción de impuestos no es una política antiinflacionista recomendable -el problema de los precios energéticos no son los impuestos-, es una de las pocas que puede tener efectos inmediatos.

Pero los precios energéticos no son los únicos responsables del amenazador repunte inflacionista. También aparecen fuertes tensiones en la vivienda y en el turismo. Si el Gobierno quiere desarrollar una política antiinflacionista eficaz, debe actuar con rapidez y eficacia en más frentes que el energético.