Los mapuches persisten en su 'guerra' contra Endesa y a favor de su cultura
Un caballo con montura mexicana. Éste fue el precio que pagó la filial chilena de Endesa, Enersis, por una porción de tierra. Al menos eso relató ayer Antolín Curriao, el representante de la comunidad mapuche afectada por la construcción de una presa en su territorio, el Alto Biobío (600 kilómetros al sur de Santiago). La justicia chilena ha paralizado las obras, pero Endesa niega haber violado las leyes, asegura haber pagado un precio justo por las tierras y anuncia que proseguirá con las obras.
La decisión de Endesa no depende de sí misma, sino del resultado de la apelación que ha presentado. Los jueces paralizaron cautelarmente la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco porque "el daño ambiental sería irreversible y sería el antecedente de innumerables perjuicios a quienes han hecho de la zona su hábitat". Y ése es el nudo gordiano para los mapuches: el hábitat. "No queremos que se construya la presa, no queremos que el agua cubra el cementerio en el que yacen nuestros antepasados", se lamentaba pausadamente Curriao. La presa, con una inversión de 78.500 millones de pesetas, inundaría 3.467 hectáreas. Endesa maneja otro argumento: 83 de las 91 familias accedieron a canjear sus tierras, es decir, a venderlas, para que la presa pueda construirse. Fuentes de Enersis, en Santiago, aseguran que se ha pagado un "buen precio a gente que es de lo más pobre del país", y que "están contentos" con la operación.Curriao y los abogados, profesores de universidad y el diputado socialista que le acompañaba en su visita a Madrid discrepan. El lonko, como le llaman sus compañeros a Curriao, sostiene que Endesa violó la ley: "Nos decían que tenían el permiso del Gobierno cuando no lo tenían, nos hacían ofertas sin que estuviera presente nadie del Gobierno, lo que va contra la ley, igual que construir sin tener el permiso de toda la comunidad, que es lo que han hecho". Según explicó el diputado del partido socialista chileno Alejandro Navarro, la ley sobre asuntos indígenas exige la presencia de autoridades gubernativas para que "informe al indígena y de fe de que la operación se realiza en condiciones de igualdad". "Y es que nosotros ni siquiera sabemos leer", tercia Corriao: "Nos hacían firmar con el pulgar". ¿Y qué conseguían a cambio? "Un arado, dos bueyes, tierras nevadas... y poco dinero". Las fuentes consultadas en Enersis desmienten la mayor: "No tengo constancia de que haya habido engaño, y los que vivían en tres hectáreas ahora viven en 15. Se trata de un plan de 20 millones de dólares (3.200 millones de pesetas)". Pero el lonko cuenta otra verdad: "A los blancos que vivían en la zona les pagaron diez veces más que a nosotros".
Los mapuches, después de conseguir la paralización de las obras, apuntan al mismísimo despacho del presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa: estudian una demanda por genocidio contra los administradores de la empresa. Enrique de Santiago, el abogado español al que le han encargado el caso, reconoce que es difícil que prospere, si bien le otorga cierto fundamento: "Había informes oficiales del Gobierno chileno que desaconsejaban la obra porque aseguraban que la presa llevaría consigo la destrucción de dos comunidades indígenas. Y no se han tenido en cuenta". Así, Endesa habría cometido genocidio "por emprender la obra". Para Enersis, esto no son más que "cuentos de ambientalistas radicales".
Si es probable que Endesa se faje de las acusaciones de genocidio, si finalmente llegan a formularse ante un tribunal, más complicado le será lidiar con las acciones que emprenderán los mapuches como accionistas de la empresa. "Esto será lo primero", anuncia De Santiago. "Endesa cotiza en la Bolsa de Nueva York, cualquiera puede comprar acciones, y ellos lo han hecho y van a iniciar acciones individuales para pedir responsabilidades a los administradores".
