Calidad de vida y desigualdad social

Cada año por estas fechas, el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PDHNU) publica un informe en el que los países del mundo son clasificados según su calidad de vida, cuantificada en un indicador que sitúa a España en un nivel muy avanzado. Hasta el pasado año, nuestro país aparecía entre el 9º y el 11º lugar entre los países de mayor calidad de vida, situación que los medios de información señalaban con gran prominencia contribuyendo a crear la imagen tan extendida en el establishment mediático, político y económico del país de que España va bien. En Cataluña, los medios de información se apresuraban también a informar al lector de que Cataluña incluso iba mejor. Y la Generalitat de Cataluña ha publicado este año, como parte de la campaña electoral del partido que la gobierna, un informe (Catalunya, un país que creix) repartido a la población que reside en Cataluña en el que subraya de una forma muy preeminente que, según el indicador del desarrollo humano desarrollado por el PDHNU, Cataluña es el país de mayor calidad de vida del mundo después de Canadá y Noruega.Este mensaje excesivamente acrítico de las realidades española y catalana continúa reproduciéndose a pesar de la información empírica publicada también en España que cuestiona el carácter científico del indicador utilizado por el PDHNU, mostrando que tal indicador fue elaborado en un contexto político que limitó su credibilidad científica. Naciones Unidas no es una institución científica, sino una institución política, y como tal está sujeta a presiones que configuran sus informes y sus indicadores. En un artículo publicado en este diario el 8 de enero de 1998 (Estados impotentes), ya expliqué que, cuando tal índice se desarrolló, las variables utilizadas para calcularlo fueron escogidas de manera tal que EEUU (donde un niño de cada cuatro vive en la pobreza) saliera relativamente favorecido en aquella liga de calidad de vida. De ahí que una variable muy importante de las cuatro utilizadas en el desarrollo de tal indicador fuera el porcentaje de la población escolarizada pero sin incluir la calidad de tal escolarización. Tanto EEUU como España tienen un elevado porcentaje de escolarización, lo cual sitúa a estos países en una posición muy favorable en la lista de países de calidad de vida. Pero ya señalaba en aquel artículo que otros indicadores más creíbles científicamente, desarrollados en centros académicos y que incluían muchas más variables en el cálculo del indicador de calidad de vida que el indicador del PDHNU (como calidad de la educación recibida) otorgaban a españa una posición muy por detrás (el puesto 21º) en aquella liga (Estes, R. The World Social Situation. University of Pensylvania, 1997). Los medios de información españoles continúan ignorando esta realidad. El PDHNU, sin embargo, sensible a estas críticas, ha mejorado este año el indicador de calidad de vida, lo cual ha situado a España en su último informe en un 21º lugar, lo cual se debe primordialmente no al deterioro de la calidad de vida de los españoles sino a un mejoramiento de la manera de calcular tal indicador. En realidad, España, y Cataluña dentro de ella, están por detrás del número que se merecerían por su nivel de riqueza (medida por el PIB per cápita), mostrando el retraso social en que viven y que el establishment mediático ignora.

Un indicador que el PDHNU no ha corregido, sin embargo, es el de las desigualdades sociales dentro de cada país. Según el indicador de desigualdades utilizado por el PDHNU, España es el país de la UE con menores desigualdades sociales. Como expresaba un titular de El PAÍS, representativo de cómo se presentó la noticia en los medios de información españoles, "España es el país de la UE con una menor diferencia entre ricos y pobres, según la ONU" (13 de julio pasado), y al día siguiente, EL PAÍS editorializaba que "las disparidades sociales en España son las más bajas de la UE. Es un logro que hay que conservar". Otros editoriales de otros rotativos fueron menos comedidos, celebrando todos ellos que España estuviera a la cabeza de los países europeos que han corregido las desigualdades sociales.

Un lector con actitud más crítica habría detectado ya algo sospechoso en las cifras del informe de 1999 del PDHNU sobre las desigualdades sociales, puesto que señala que el promedio de renta de los ricos en España es de algo más de tres millones y medio de pesetas (3,7), cifra que cualquier observador de cómo viven los ricos en España puede concluir fácilmente que con tal cantidad no se vive como ellos viven en nuestro país. El indicador de la distribución de la renta utilizado por el PDHNU es más sensible, y recoge mejor las rentas del trabajo que las rentas del capital (que son en España de las más altas en la OCDE). Otros estudios más rigurosos, como el bien conocido y respetado estudio comparativo internacional de la distribución de la renta producido por el Luxemburg Study Group (LSG), (Income Inequalities in Twenty Nations. 1998), muestra que, en contra de lo que dicen el PDHNU y los medios de información en España, nuestro país tiene las mayores desigualdades de renta en la UE y en la OCDE, con mayor porcentaje de gente que vive bajo el umbral de la pobreza. En realidad, es fácil ver quién lleva razón en el tema de si España es el país con menores o con mayores desigualdades en la UE o si Cataluña es el país del mundo con menos desigualdades y con mayor calidad de vida. Mientras que las cifras de distribución de la renta no son siempre creíbles o fáciles de calcular (España es, con Italia, el país de mayor fraude fiscal en la UE), las cifras vitales en las que se registra la fecha y domicilio de nacimiento y muerte de los ciudadanos y residentes sí que lo son, lo cual nos permite cuantificar los años de vida de nuestra ciudadanía (por su lugar de residencia habitual y clase social). Y es ahí donde las cifras de mortalidad dan más la razón al LIS que al PDHNU. España es de los países en la UE con mayores desigualdades sociales, reflejada en los años de vida que los ricos viven más que los pobres. En Cataluña, parte importante de España, la diferencia entre los años de vida de los ciudadanos que viven en las zonas residenciales más pudientes y los que viven en partes más humildes es de las más altas en la UE: diez años, tres más que el promedio de la UE. Y una situación semejante ocurre en otras comunidades de España.

Se olvida con excesiva frecuencia que la España democrática heredó una de las estructuras sociales más injustas en Europa, resultado, entre otros factores, de cuarenta años de una dictadura conservadora enormemente represiva con escasa sensibilidad social, sumamente favorable a las rentas del capital y muy desfavorable hacia las rentas del trabajo. La presión de las clases populares ejercida sobre las instituciones democráticas redujo considerablemente estas desigualdades

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sociales no sólo entre los ricos y los pobres, sino entre todos los estamentos y clases sociales, reducción que ocurrió sobre todo en la década de los años ochenta y principios de los años noventa, y que afectó a la mayoría de la población y no sólo a sus extremos. Durante aquel periodo, el porcentaje de la renta nacional consumida por el 70% de la población aumentó, mientras que la del 20% de renta superior de la población disminuyó. En Cataluña, donde el 25% de los hogares más pudientes consume más del 45% de todo el consumo familiar mientras que el 25% de los hogares de renta menor consume sólo un 12% del total, hemos visto que, después de la disminución de las desigualdades en aquellos años, estas desigualdades han aumentado de nuevo (Las desigualtats socials a Catalunya. Editorial Mediterrània, 1999). Hoy, España (y con ella Cataluña) es el país, junto con Grecia y Portugal -países que también sufrieron dictaduras de derechas profundamente represivas y conservadoras- que tiene mayores desigualdades de renta en la UE.

Es importante señalar que las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno conservador, apoyadas por el partido gobernante de la Generalitat, han incrementado tales desigualdades, aumentando considerablemente la concentración económica en el país, con el consecuente perjuicio para la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía. Durante estos años hemos visto, por una parte, una reducción de la protección social y su efecto redistributivo, con descenso del porcentaje del PIB que el Estado gasta en pensiones, con reducción del gasto social en los servicios de ayuda a las familias, con disminución del gasto en escuelas públicas (incrementando en cambio el subsidio a las escuelas privadas), con disminución del número de becas que permiten a estudiantes de familias de menor renta integrarse en los estudios y un largo etcétera, mientras que por otra parte hemos visto también cómo las mismas opciones políticas desarrollaban y apoyaban políticas públicas que incrementaban sustancialmente las rentas de los grandes grupos empresariales y de las clases más pudientes. El Gobierno español, por ejemplo, ha otorgado 1,3 billones de pesetas (una cantidad suficiente para ofrecer escuelas infantiles durante tres años para todos los niños de 0 a 3 años, creando a la vez 312.000 nuevos puestos de trabajo) de ayuda a los monopolios eléctricos que han tenido, por cierto, los beneficios empresariales más elevados en España. En Cataluña, este comportamiento monopolista ha significado que los ciudadanos catalanes estén obligados a contratar el suministro de electricidad (el segundo más caro de la UE) con una de tales compañías eléctricas, Endesa. Y cuando la presión popular ha exigido un descenso de las tarifas, este descenso ha beneficiado mucho más a las grandes empresas que al ciudadano catalán normal y corriente.

Contribuyendo al crecimiento de tales desigualdades, hemos visto también cómo el Gobierno conservador, con el apoyo de la opción política que gobierna la Generalitat de Cataluña, ha realizado una reforma fiscal altamente regresiva, en la que las 125.000 personas de rentas más altas en el país han dejado de pagar en impuestos cerca de 100.000 millones (cantidad suficiente para proveer servicios de atención domiciliaria a todos los ancianos incapacitados, con la creación de 120.000 nuevos puestos de trabajo), una cantidad equivalente a la que el Gobierno dice que dejarán de pagar el 56% de los contribuyentes (casi siete millones de personas) con rentas inferiores a dos millones de pesetas.

Es importante subrayar que, antes de que la corrección de las desigualdades se ralentizara con las políticas actuales, la mayoría de estamentos y clases sociales se beneficiaron de la disminución de tales desigualdades, ocurridas en los periodos democráticos anteriores, aunque algunos de estos estamentos y clases se beneficiaron mucho más que otros. Para amplios sectores de las clases populares, estos beneficios han sido bastante lentos y tardíos. Entre estos últimos está el barrio de Ca n"Anglada, de Terrassa, uno de los barrios catalanes que se distinguieron por su lucha contra la dictadura franquista y que ha sido sujeto a una continua discriminación de clase, incluyendo la de concentrar una gran mayoría de inmigrantes en su barrio, inmigrantes de otra cultura y lengua que han afectado profundamente desde las escuelas a la cultura del barrio, originando una protesta que inmediatamente ha sido definida de racista por las élites bienpensantes de los medios de persuasión, que viven en su enorme mayoría en áreas no integradas. Aun cuando todo comportamiento racista (sea o no violento) debe denunciarse y condenarse, tal denuncia de racismo por parte de aquellas élites carece de credibilidad debido a su largo silencio frente a la continua discriminación existente contra la mayoría de vecinos de aquel barrio, credibilidad que también es ausente cuando tal denuncia de racismo es hecha por autoridades gubernamentales que han estimulado, a través de sus políticas públicas, una polarización y descohesión social que ha significado el mejor caldo de cultivo para la explosión de tales fenómenos. Como bien decía Martin Luther King, el dirigente de los derechos civiles de EEUU, "lo que siempre se oculta en la denuncia del racismo es que, con frecuencia, detrás del racismo hay el clasismo, en el que se condena a una clase a un futuro de temores, inseguridades y sin esperanza que lucha por las migajas del banquete que celebran los que reproducen con el clasismo las bases del racismo" (The biografy of Martin Luther King. Penguin Books, 1978). De ahí que las explosiones racistas en EEUU (y en España) siempre ocurran en los barrios obreros más deteriorados. El problema no es, pues, la falta de tolerancia a la diversidad, sino el temor e inseguridad debidos a la falta de oportunidad. El incremento de las desigualdades y de la polarización social llevado a cabo por las élites gobernantes conduce a lo segundo, y con ello facilitan lo primero.

Viçens Navarro es catedrático y director del Programa de Políticas Públicas y Sociales. Universidad Pompeu Fabra-Johns Hopkins University.