Pensiones : una espesa cortina de humo JOAN COSCUBIELA

Estamos asistiendo a una inmensa ceremonia de la confusión creada por el anuncio del Gobierno catalán de dar una paga de entre 6.000 y 8.000 pesetas a las personas que cobran las pensiones no contributivas. Las acusaciones de electoralismo de unos y de insensibilidad social de otros centran un debate en el que lo más significativo es la inmensa cortina de humo sobre los temas de fondo. Como parece que ya es evidente que ni se trata de una subida de las pensiones -es una minipaga este año y nada más-, ni beneficia a todas las personas con prestaciones sociales bajas -discriminando a los que cobran el SOVI o la renta mínima de inserción- ni permite recuperar poder adquisitivo -porque no se consolida en la nómina de los pensionistas-, creo que puede ser útil intentar que emerjan los verdaderos problemas de fondo. Comencemos por constatar una evidencia. En este tema las polémicas entre PP y CiU se refieren a la letra pequeña -se está hablando de un máximo de 500 millones- y a los símbolos; en cambio mantienen un fuerte acuerdo en las principales cuestiones de fondo. Por ejemplo, que no hay que ampliar el gasto social para evitar problemas de déficit público y en cambio sí reducir la fiscalidad de las rentas del capital, o la negativa a ampliar la cobertura de los parados de larga duración con cargas familiares y sin subsidio, o la otra negativa a que los pensionistas del SOVI se beneficien de los complementos a las pensiones mínimas, a pesar de tratarse de personas que han cotizado a la Seguridad Social y hoy cobran igual o incluso menos que los perceptores de las pensiones no contributivas. Hay una buena lista de coincidencias entre PP i CiU que en algún tema alcanza un nivel de indistinción. De todos, puede que el más sangrante sea la congelación del salario mínimo, que es el punto de referencia de algunos salarios y de muchas prestaciones y servicios sociales y que en los últimos 15 años ha sido actualizado incluso por debajo del IPC real. Como no podía ser menos, la polémica sirve para un supuesto debate en clave aparentemente nacional. Me refiero a las acusaciones de ruptura de la solidaridad interterritorial vertidas por el PP y a la utilización por parte de CiU del IPC catalán. Vaya por delante que no creo que exista ningún impedimento social, político o constitucional que impida que Cataluña si así lo decide su ciudadanía cree su propio nivel de prestaciones, complementario. No es el ejercicio del autogobierno por parte de la sociedad catalana lo que puede poner en peligro la solidaridad o el consenso social. El riesgo y la ruptura real en España se está produciendo entre personas y sectores sociales, que no entre naciones o regiones. En los últimos años se ha reducido significativamente el diferencial de rentas entre territorios y no ha sucedido lo mismo entre sectores sociales, que en algunos casos han visto cómo se abría la brecha de ingresos y calidad de vida. Otra cosa es que hasta ahora existía un fuerte acuerdo para una cierta distribución de competencias y papeles. Así se acordó que las pensiones no contributivas tuvieran una regulación legal y financiación estatal y una gestión autonómica. Y si quiere cambiarse este estado de cosas que se plantee claramente, porque es posible socialmente y hay cobertura constitucional suficiente para hacerlo. Lo que no puede hacer, primero la Junta de Andalucía y ahora el Gobierno catalán es tener verdaderos boquetes en la cobertura de aquellos servicios sociales de los que son responsables y intentar lavar esta ropa sucia con la cortina de humo de una minipaga. Para terminar de rizar el rizo aparece como argumentación fuerte de la propuesta de CiU el diferencial entre la evolución estadística del IPC y su desglose en Cataluña. El tema del IPC y su posible evolución asimétrica es un tema importante. En los últimos 20 años la evolución ha tenido ciclos distintos que se compensaban, pero es posible que en el futuro ese diferencial se mantenga porque las razones de fondo son profundas, tienen que ver con la