La Junta detecta que los técnicos denunciados por extorsión usaban a familiares para cobrar ayudas

La trama se extiende. Los dos funcionarios que la Junta de Andalucía denunció por exigir dinero a cambio de tramitar ayudas forestales, según dijo ayer el delegado de Agricultura en Almería, Francisco Ruiz Orta, utilizaban una empresa que arrendaba tierras a familiares para cobrar también subvenciones. Ruiz Orta explicó ayer que los técnicos, además de haber pedido hasta 11 millones a un particular por tramitarle las ayudas, tres parientes de los dos funcionarios, que carecen de tierras, figuran como agricultores beneficiarios de fondos de la UE.

Según consta en la denuncia de la Junta, tramitada el pasado 28 de julio ante el Juzgado número 4 de Almería, los empleados públicos exigían a empresas y particulares cantidades millonarias por la tramitación de ayudas de la Unión Europea para la reforestación. Ruiz Orta reconoció ayer la existencia de una segunda vía para cobrar ayudas a través de una empresa y utilizando el nombre de familiares de los técnicos. Ruiz Orta reveló ayer que la Administración descubrió la presunta trama a partir de un particular afectado, al que le exigieron 11 millones de pesetas. El denunciante, titular de una empresa, comunicó a la Junta que hizo entrega de seis millones de pesetas para que tramitasen un expediente. Posteriormente, según explicó Ruiz Orta, le requirieron otros cinco millones para desbloquear las ayudas. El mismo denunciante manifestó también que, dada su "fuerte" relación con los dos funcionarios de la Delegación de Agricultura de Almería, creía conocer la existencia de otra "trama fraudulenta" por la que, confabulados con otra empresa, los mismos técnicos implicaron a familiares y amigos que nunca habían tenido fincas, pero a quienes la empresa arrendaba las tierras para repartirse ayudas. Tres familiares directos de los funcionarios denunciados, cuya relación con la trama ha sido comprobada personalmente por Ruiz Orta, han renunciado a las ayudas. Este segundo sistema de extorsión podría haberse venido realizando en los últimos dos años, según reconoció el delegado de Agricultura. El método de exigir dinero a particulares sólo se ha detectado en subvenciones gestionadas durante este último año. Las ayudas de la Unión Europea suponen unas 300.000 pesetas por hectárea. Desde 1994, son gestionadas por la Consejería de Agricultura de la Junta, según el Decreto de Reforestación de Tierras Agrarias. Las subvenciones otorgadas desde entonces en Almería ascienden a los 8.500 millones de pesetas y ha permitido la reforestación de unas 30.000 hectáreas. Almería es la segunda provincia, después de Huelva, que más subvenciones solicita. Por el momento, la Junta desconoce el número de agricultores o las cantidades de dinero que hayan podido verse afectados. Los funcionarios han sido apartados de sus tareas, como medida cautelar, para impedir, en caso de que existan, la destrucción de pruebas materiales de esta trama. "Ellos han reaccionado negándolo todo. Aún no han declarado ante la policía, pero si es cierto, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley", concluyó Ruiz Orta.