Dos visiones contrapuestas del mismo proceso

El impasse que el presidente Aznar ha diagnosticado en las relaciones del Gobierno con ETA-HB no resulta comparable con los momentos de crisis por los que atraviesa todo proceso de paz -en este aspecto sí es pertinente el ejemplo del Ulster-. Además, ese estancamiento habría que retrasarlo en el tiempo bastantes meses. Sería la consecuencia no de la falta de sintonía entre las partes implicadas, sino del dibujo previo y absolutamente cerrado que cada una de ellas se hizo del proceso iniciado con la tregua de ETA. A la postre, la ausencia de atentados ha sido el aspecto más definitorio y positivo de la situación vivida durante el último año.El objetivo esencial de ETA con la estrategia de Lizarra y el del Gobierno con su concepto de la "tregua-trampa" no ha sido nunca concluir en una mesa de negociaciones, como acontece en otros conflictos tan analizados desde el País Vasco. Desde su comunicado del 16 de septiembre pasado, la organización terrorista, rompiendo con su vieja doctrina de la "negociación política", ha obviado de forma deliberada al Gobierno. Su apuesta ha sido la del desbordamiento. La negociación ya no sería necesaria porque la estrategia conjunta de las fuerzas nacionalistas en pos de la plena soberanía y la territorialidad de Euskal Herria dejaría al Estado español sin más margen de maniobra que la de aceptar la autodeterminación por la vía de hecho.

El Gobierno, por su parte, estaba convencido de que podía acabar por la vía policial con ETA y ha visto siempre la dinámica puesta en marcha en Lizarra como una hábil maniobra del MLNV para convertir una eventual derrota militar en una victoria política. En consecuencia, sólo se ha mostrado dispuesto a hablar con ETA de los presos y refugiados, previa comprobación de sus intenciones reales de abandonar las armas. Este enfoque opuesto de la situación ayuda a entender la sorprendente escasez de contactos entre las dos partes más directamente implicadas en el "conflicto". El Gobierno no está dispuesto a ofrecer a la organización terrorista concesiones políticas y ETA en absoluto desea entrar en la ecuación de paz por presos.

A raíz de esta partida de póker entre el Gobierno y ETA, cuya última jugada han sido las declaraciones de Aznar, los síntomas de estancamiento se han extendido a otros ámbitos de la compleja realidad vasca. La parálisis afecta al foro de diálogo político que auspicia el lehendakari Ibarretxe y el PNV, todavía inédito por el rechazo del PP y de los socialistas a compartir mesa con Euskal Herritarrok mientras no condene la violencia. Y se extiende también al Pacto de Lizarra. A EH le gustaría avanzar al galope por la vía del desbordamiento y hacer ya de la Asamblea de Electos la institución constituyente de la Euskal Herria que pretende. Pero el PNV y EA, aunque comparten el espíritu de Lizarra, no están por la labor de saltar al vacío. El impasse alcanza la política penitenciaria del Gobierno, uno de los aspectos en los que cuenta con menos apoyo político, y se proyecta asimismo sobre la continuidad, con intermitencias, de la violencia callejera.

Lo que vaya a suceder con la tregua dependerá, sin embargo, de cuál haya sido el motivo que llevó a ETA a declararla. Por eso es esencial que el diagnóstico del Gobierno sea certero.