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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La deriva de Chávez

VENEZUELA AVANZA como una locomotora sin control hacia la abolición de todos los controles propios de un Estado de derecho. De la mano del presidente Hugo Chávez, respaldado abrumadoramente por el electorado, desde el jueves ha quedado eliminado el poder judicial independiente propio de todo sistema democrático. Según decisión de la llamada "soberanísima", todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y el cuerpo judicial en general van a ser investigados o, como se señala, "sometidos a un proceso de evaluación".Será, por tanto, el propio Chávez quien decida, por delegación, qué jueces se han portado como deben y quiénes han de ser depurados. La comisión extraordinaria que habrá de tomar decisiones estará formada por cinco miembros, y sin duda procedentes de la mayoría oficialista. Nadie puede negar que la corrupción judicial es un fenómeno muy extendido en Venezuela, como lo es la corrupción en todos los sectores de la sociedad. Pero este paso dado por Chávez elimina una barrera frente al riesgo de arbitrariedad. Ninguna mayoría, ni siendo abrumadora, legitima esa medida.

El presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena, ya ha avisado de que cualquier resistencia de la judicatura tendrá una respuesta rotunda. "Todo el que se oponga a las decisiones de la comisión constituyente será eliminado. Si la Corte Suprema de Justicia toma cualquier medida, y es probable que la tome, tengan la seguridad de que por unanimidad no habrá aquí nadie que vacile un momento en eliminar la Corte Suprema de Justicia". El tono de estas declaraciones tiene que provocar espanto en cualquier persona con sensibilidad democrática.

La descomposición del sistema político tradicional venezolano es muy profunda, y eso explica tanto el voto masivo a Chávez como la relativa comprensión con que se acogieron en todo el mundo sus iniciales desbordamientos retóricos. Pero la deriva hacia un autoritarismo demagógico es ya demasiado visible. El atropello a las minorías y a la disidencia es el primer paso hacia el aplastamiento de las mayorías. Y una condición para realizar dicho atropello es liquidar la separación de poderes en el Estado. El Estado de derecho no garantiza la democracia, pero no hay democracia sin Estado de derecho. La nueva Constitución, que Chávez quiere tener lista en tres meses, va a ser la prueba de fuego para saber si la ruptura lo es con la corrupción o con la democracia, bajo el pretexto de la corrupción.

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