La Constituyente decreta la "reorganización" de todos los poderes del Estado en Venezuela

ENVIADO ESPECIALLa Asamblea de Venezuela se adentró el jueves definitivamente por un sendero de dudosa legalidad cuando, dejando de lado la tarea de redactar la nueva Constitución, aprobó su primer decreto ejecutivo, en el que declara "la reorganización de todos los órganos del poder público". El texto aprobado anticipa que en breve plazo de tiempo "dispondrá la intervención, modificación o suspensión" de las instituciones que considere necesario para salvar a la patria del caos atribuido a la corrupción sin mesura del régimen anterior.

De inmediato, la presidenta del Tribunal Supremo, Cecilia Sosa, advirtió: "La Asamblea no es un cogobierno; ustedes pueden sacar sus conclusiones". Sosa sugería con estas palabras que el acto del jueves fue ilegal, y las conclusiones que saca la oposición y muchos observadores independientes son que la convención, en manos de los seguidores de Hugo Chávez, ha consumado un golpe de Estado, jaleada por el propio presidente.Todo ello después de forzar al Congreso, dominado por los partidos tradicionales, a abdicar de su capacidad para legislar y tras violar una sentencia de marzo pasado en la que el Tribunal Supremo restringía las atribuciones de la Asamblea a redactar la futura ley fundamental y no le permitía asumir el poder máximo del Estado. La decisión de meter mano en todas las instituciones del Estado se tomó en una caótica sesión el jueves, que se prolongó durante más de nueve horas, y en la que reinó tal confusión que en un momento dado se aprobó por "mayoría evidente" -esto es, sin necesidad de contar los votos- una declaración de "emergencia nacional" sin que muchos constituyentes supiesen siquiera lo que estaban aprobando, como quedó claro por las airadas protestas subsiguientes. Tal fue el malestar que el presidente de la Asamblea, Luis Miquilena, propuso derogar lo que se había aprobado para continuar la discusión, y así se hizo.

"Estamos aprendiendo"

En las intervenciones posteriores, muchos diputados alegaron su escasa o nula experiencia en los bretes legislativos para justificar el espectáculo, y una de las constituyentes, menos vergonzosa que sus colegas en reconocer la incapacidad demostrada, se defendió: "Estamos aprendiendo". En el segundo intento prevaleció la tesis de los que proponían moderación, que sostuvieron que proclamar la emergencia nacional equivalía en la práctica a declarar el Estado de sitio, y que todo ello no haría más que dar armas a los opositores que buscan aserruchar el piso a la revolución de Chávez, ayudados por la prensa extranjera, como denunció el propio presidente ante la convención al afirmar que existe una "campaña internacional contra Venezuela", lo que causó preocupación entre los constituyentes, que temen una fuga masiva de capitales del país.Poco dispuesta a proporcionar más munición a los enemigos del régimen, entre los que se cuenta la prensa extranjera, los organismos financieros internacionales, la Internacional Socialista y el escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, según el aluvión de declaraciones que siguió a la denuncia del presidente, la convención modificó el texto original y lo dejó como sigue: "En razón de la emergencia nacional existente en el país con anterioridad a la instalación de esta Asamblea, se declara la reorganización de todos los órganos del poder público". La nueva fórmula evita la suspensión de derechos fundamentales y la restricción de garantías que acarreaba el texto original y busca no causar mayor alharaca en la comunidad internacional, según declaró el presidente de la convención.

Emergencia nacional

Salvado el escollo de la emergencia nacional, la convención decidió que la semana que viene estudiará caso a caso qué hacer con los poderes instituidos, incluyendo el judicial, encarnado por la Corte Suprema de Justicia, lo que anticipa un choque institucional inédito en la vida política venezolana, formalmente democracia desde la caída de la última dictadura, en 1959, y desvergonzado apaño de los partidos tradicionales con los magistrados de la Corte, según Chávez y los suyos.

Con la denuncia de corrupción en el máximo tribunal que blande el presidente coincide más de un observador independiente, y hace ya más de veinte años, el ex presidente Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática (AD), el partido socialdemócrata que los seguidores más exaltados de Chávez quisieron pasar a cuchillo, calificó al poder judicial de "pulpería para la compraventa de sentencias". Para el martes se espera que la convención comience a emitir decretos específicos, pues los constituyentes acordaron acudir ese día con los textos preparados para intervenir lo que consideren más corrupto. De nuevo, las voces más sensatas se pronunciaron en contrario, y el asambleísta opositor Allan Brewer Carías, que fue el primero el jueves en advertir contra el radicalismo de la emergencia nacional, lamentó "que la Asamblea se ponga a gobernar", en lugar de concentrarse en la redacción de la Carta Magna. El articulado y características de la futura ley fundamental han dejado momentáneamente de ser objeto de debate en Venezuela, ante la polémica por las decisiones ejecutivas de la convención.