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La Asamblea de Venezuela completa hoy su toma de poder absoluto entre acusaciones de golpe de Estado

Javier Moreno

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ENVIADO ESPECIALSometido ya el Congreso a los dictados de los partidarios del presidente Hugo Chávez, la Asamblea Constituyente de Venezuela se dispone hoy a completar la toma del poder absoluto en el país con una declaración de emergencia y la creación de una alta comisión de justicia que intervendrá el poder judicial, pondrá y quitará magistrados a su libre albedrío y requerirá para ello de la aquiescencia del Tribunal Supremo bajo amenaza de disolución sin contemplaciones. Así lo anticiparon varios miembros de la convención, entre ellos su vicepresidente segundo, el negro Aristóbulo Istúriz, destacado por Chávez en su discurso inaugural de la Asamblea cuando afirmó: "Nuestra revolución tiene el color de Aristóbulo". A continuación arrancó grandes aplausos de la concurrencia y la satisfacción evidente del aludido. Además, Chávez anunció ayer la creación de un banco que, con recursos del Estado, atenderá a la población humilde del país. La entidad recibirá el nombre de Banco del Pueblo.

Este proceso se da en medio de las admoniciones de la oposición más radical, que el sábado advirtió de que el país va camino de convertirse en la tiranía tropical que fue hasta la instauración de la democracia en 1959. "Yo quiero advertirles a los constituyentes, para que quede claro en su conciencia", dijo desde la tribuna Jorge Olavarría, uno de los cuatro no adscritos a la revolución de Chávez, "que en el momento en que se apruebe el artículo primero , esta Asamblea estará dando un golpe de Estado", y se oyeron chanzas en la sala.

La respuesta corrió a cargo de Hermann Escarrá, presuntamente moderado hasta el sábado, día en que se destapó revolucionario con muchas erres. "Golpe de Estado es el que dieron las cúpulas de los partidos durante 40 años", retrucó Escarrá. "Yo creo que esta Asamblea no sólo es originaria , sino subversiva". A continuación, la "soberanísima", en la que los seguidores de Chávez copan 120 de los 131 escaños, aprobó por mayoría evidente el golpe denunciado por Olavarría y el artículo en cuestión, que permite a la Asamblea limitar o interrumpir la actividad de "las autoridades que conforman el poder público", subordinadas a la "soberanísima" y cuyos "actos jurídicos" deben hacer cumplir.

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