Chávez pretende que se declare el estado de "emergencia integral" en Venezuela

ENVIADO ESPECIALNinguna voz se alzó ayer en Venezuela contra la decisión de la Asamblea Constituyente surgida de las urnas el 25 de julio y dominada por Hugo Chávez, que el martes asumió los poderes máximos del Estado. Desarbolados los partidos tradicionales, cerrado temporalmente el Congreso y aislados los únicos cuatro asambleístas opositores, el presidente se declaró feliz de que la "revolución avance hacia sus fines ulteriores" y sugirió a la convención que declare "una emergencia integral para reconstruir la República".

El país aguarda con expectación el destino de las instituciones, empezando por el Tribunal Supremo. Confusa la situación, las palabras de Chávez avivaron el embrollo nacional, pues el presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena, en el discurso inaugural de la convención, se había declarado dispuesto a perdonar la vida al resto de instituciones del Estado, siempre y cuando no interfieran en las decisiones de los constituyentes. Cosa harto complicada, ya que el Tribunal Supremo resolvió en abril pasado que el nuevo cuerpo legislativo no tiene derecho a declararse poder supremo del país, que fue precisamente lo primero que hizo el martes, entre aplausos atronadores, gritos de júbilo de los 2.200 invitados puestos en pie y peticiones a voz en grito de disolución del Parlamento."Si yo fuese miembro de la Asamblea", declaró Chávez el martes por la noche, "estaría y votaría a favor de la declaración de una emergencia ejecutiva, legislativa y judicial, es decir, de una emergencia integral para asumir la tarea de la reconstrucción de la República en emergencia", lo que muchos interpretaron como un espaldarazo al sector más radical del chavismo, dispuesto a llevarse por delante a las instituciones, sin parar en mientes democráticas ni en las repercusiones internacionales del atropello. Minoritaria, la fracción más moderada de la nueva mayoría política de Venezuela, entre los que se cuenta al presidente de la Asamblea, Miquilena, prefiere dejar fuera de combate al Congreso, dominado por la oposición, y a la Corte Suprema, de forma menos avasalladora, temiendo que el escándalo en el extranjero y las presiones diplomáticas acaben por serruchar el piso a la revolución en ciernes.

Salida negociada

Sin ir más lejos, la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, se encuentra actualmente al frente de la agrupación de tribunales supremos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y su destitución "por decapitación", en expresión de un magistrado del máximo tribunal, podría desencadenar una severa condena del organismo panamericano, que agrupa a la mayoría de países del continente, a excepción de Cuba.La formación de juristas de los miembros del Tribunal Supremo dificulta una salida negociada al conflicto, al estilo de la adoptada por los diputados, que, bajo intensas presiones y amenazas implícitas de disolución por asalto, optaron por cerrar temporalmente el Congreso Nacional y tomar vacaciones forzadas hasta octubre. Para salvar la cara, una Comisión Delegada asumió las tareas administrativas del Congreso, pero ayer surgieron los primeros indicios de que quizá no se mantenga ni siquiera esa ficción de Parlamento, pues algunos diputados dejaron entrever que no acudirán a las reuniones, lo que, de suceder, representaría el golpe final a la institución, en medio de la indiferencia o la hostilidad manifiesta de la mayoría de la población. "Los miembros de la Comisión Delegada, que son 23, tienen el compromiso de asistir a las reuniones", amenazó el presidente de la Cámara de Diputados, el joven independiente de 26 años Henrique Capriles Radonski, en un intento de atajar la desbandada de los desanimados legisladores. "En caso de que no lo hagan, se designará a otros".

Sin mucha convicción, pero obligado por su cargo, Capriles trató ayer también de defender la supervivencia de la institución que preside. "Insisto, la Asamblea tiene una gran responsabilidad en elaborar la Carta Magna, y si la discusión pudiera traducirse en la disolución del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, no creo que sea pertinente".

Pertinente o no, muchos diputados consideran en privado que la discusión ya no tiene sentido, pues de intentar hacer efectivo el mandato popular que recibieron en noviembre pasado y decidir reunirse de nuevo, les resultaría materialmente imposible, ocupado el Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente, y serían considerados reos de contrarrevolución por la nueva mayoría. Varios legisladores acudieron ayer al edificio del Congreso a retirar sus pertenencias. Sojuzgados por su propia tragedia, los partidos tradicionales, Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, democristiano, no han opinado sobre los acontecimientos de estos días. La directiva de Copei dimitió en pleno, y la de AD, menos dispuesta a la autoinmolación, fue cercada esta semana en su sede, el búnker, por la militancia, que les exigía salir de uno en uno con la renuncia en la mano a cambio de no ser linchados. Escaparon por la puerta.