La oposición unánime al arbitraje hace inviable para Exteriores la consulta al Consejo de Estado

La oposición unánime de los juristas y de todas las fuerzas políticas españolas a un arbitraje amistoso entre Chile y España en el caso Pinochet prácticamente descarta que el Gobierno español realice la consulta al Consejo de Estado que había barajado para atender la creciente presión del chileno, empeñado en su demanda de jurisdicción.Fuentes de Asuntos Exteriores indicaron ayer que la entrevista que el ministro Abel Matutes mantuvo el viernes pasado con el líder del PSOE, Joaquín Almunia, tenía por objeto informarle de la situación de las relaciones con Chile y de las pretensiones del Ejecutivo de Eduardo Frei y, a la vez, sondear el criterio de los socialistas respecto a una eventual consulta al Consejo de Estado sobre la posibilidad de un arbitraje bilateral. Precisamente, el Gobierno español ya había explicado al chileno que la vía del arbitraje, que tiene solicitada desde el 23 de abril acogiéndose a la Convención contra la Tortura, exigiría una medida previa con rango de ley y, por tanto, una tramitación parlamentaria.

La ausencia de apoyos políticos a un arbitraje, la falta de tiempo para tramitar la ley en el tramo final de la legislatura y, sobre todo, la alergia mostrada por el Gobierno de José María Aznar a convertir el caso Pinochet en un debate político interno -con las elecciones generales en puertas- hacían totalmente inviable para Madrid la propuesta de Santiago.

Sin embargo, el empecinamiento del Ejecutivo de Frei y la presión de los sectores más derechistas que, según otras fuentes, han realizado veladas amenazas contra las inversiones españolas en Chile -Endesa y Telefónica son los buques insignia del capital español en ese país- decidió al Gobierno a estudiar la posibilidad de consultar al Consejo de Estado a fin de tener mayores argumentos jurídicos en sus negociaciones diplomáticas, señalaron fuentes de Exteriores.

El Gobierno español, al mismo tiempo que ha mostrado su permanente "solidaridad" y "comprensión" con el proceso de transición chileno y las dificultades que a Frei le supone el caso Pinochet, ha actuado sin dilación de ningún tipo en la tramitación de la extradición del general golpista, lo que ha irritado profundamente en Santiago.

La tormenta política desatada en España por la eventualidad de una consulta al Consejo de Estado, interpretada por algunos como un primer paso para aceptar el arbitraje, tendría para la diplomacia española una parte "positiva": demostrar a Frei que el Gobierno español no tiene margen juridíco ni político para actuar en el caso Pinochet.

Por otra parte, la Oficina de Información Diplomática, en una nota oficial, desmintió ayer "formal y enérgicamente la existencia de contactos o negociaciones de tipo secreto entre ambos gobiernos respecto a un eventual arbitraje o cualquier otra cuestión". Y es que, en este caso, el diálogo diplomático se ha hecho con una inusitada publicidad, cruce de cartas incluido: Abel Matutes, el 11 de julio, en el diario chileno El Mercurio; su homólogo chileno, Juan Gabriel Valdés, el 23 del mismo mes, en un escrito público. Incluso hay quien piensa que el canciller chileno, con la suya, airada, estaba mirando más a los militares de su propio país que a los diplomáticos españoles.