El PSOE reclamará en el Congreso los documentos del "caso Pinochet" enviados por el Gobierno a Chile

El PSOE anunció ayer que pedirá que el Gobierno remita al Congreso todos los documentos que haya enviado al Ejecutivo chileno relacionados con el proceso de extradición del general Augusto Pinochet y que han dado lugar a una petición de explicaciones por parte del juez Baltasar Garzón al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. La Oficina de Información Diplomática afirmó ayer en un comunicado que los únicos documentos remitidos a las autoridades chilenas son "aquellos que, a juicio de los asesores jurídicos del Estado, podían ser entregados".

Partidos políticos, asociaciones judiciales y organizaciones pro derechos humanos redoblaron ayer su rechazo a que un arbitraje amistoso entre España y Chile pueda interferir en la demanda de extradición del ex dictador Augusto Pinochet. A su vez, exiliados chilenos protestaron ante la Embajada española en Londres por lo que calificaron de "inaceptable e inmoral" intento del Gobierno del PP por detener el curso de la justicia.El portavoz oficial del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, manifestó que "la nueva situación" que "ha motivado la resolución del juez instructor exige un absoluto respeto".

En declaraciones a la Cadena SER, Varela subrayó que la petición de extradición de Pinochet se enmarca en el ámbito de un proceso judicial, que el Gobierno "accedió a la petición" de reclamarla y que "nada, hasta el momento, consta en contrario", salvo "las informaciones que obran en poder del juez instructor". Estas informaciones de Baltasar Garzón, según Varela, "pueden ser determinantes" de la resolución que ha adoptado respecto a Asuntos Exteriores y su titular, Abel Matutes.

Garzón preguntó el martes a Matutes por la autenticidad de un artículo firmado por el ministro el pasado 11 de julio en el diario chileno El Mercurio en el que reconocía la entrega al Gobierno chileno de los informes del ministerio fiscal español oponiéndose a la extradición de Pinochet, los cuales estarían protegidos por el secreto del sumario establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El magistrado de la Audiencia Nacional también advirtió a Matutes, en términos contundentes, que la vía del arbitraje afectaría a la independencia judicial, por lo que, de intentarse esa fórmula para anular la extradición, solicitaría el amparo del Consejo General del Poder Judicial.

Anticipándose al posible siguiente paso de Garzón, el PSOE anunció ayer que reclamará en el Congreso dichos documentos, dado que, según dijo su diputado Rafael Estrella, el Gobierno ha contemplado "muy seriamente" la posibilidad de someter el caso Pinochet al arbitraje solicitado por Chile.

Amnistía Internacional y la asociación progresista Jueces para la Democracia coincidieron también en calificar de "burla a las víctimas" de la dictadura chilena ese eventual arbitraje.

Actuación "atípica"

La única nota disidente en el amplio respaldo deparado a la iniciativa de Garzón la puso el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero. El representante de este colectivo, mayoritario en la carrera judicial y de talante conservador, calificó de "atípica" la actuación del instructor de la Audiencia Nacional.Requero afirmó que la batería de preguntas dirigidas por Garzón al ministro de Asuntos Exteriores "está más dirigida a provocar algún efecto en la opinión pública que en el procedimiento penal" y aseguró que el Gobierno "aún no ha tomado ninguna decisión que comprometa la independencia del Poder Judicial".

El portavoz de la APM destacó que las autoridades españolas sólo han recibido la petición del Gobierno chileno y que la posibilidad de consultar al Consejo de Estado entra dentro de las funciones normales del Ejecutivo español, por lo que "no hay base" para conjeturar que haya interferido en la esfera del Poder Judicial.

Requero también dijo que no cree que el Gobierno español haya revelado ningún secreto al comunicar al chileno algunas resoluciones de la fiscalía, ya que todas las actuaciones relativas al caso han sido hechas públicas.

El aluvión de reacciones contrarias al arbitraje provocó que en la tarde de ayer, el adjunto de Relaciones Exteriores del PP, Guillermo Martínez Casañ, declarase que esta formación no apoyará una solución extrajudicial al caso Pinochet. Según Martínez Casañ, el Gobierno se ha limitado a dar el "trámite reglamentario" a la petición chilena de arbitraje "porque no se puede hacer de otra manera", pero su intención es "continuar apoyando la vía judicial".

Por su parte, el catedrático de Derecho Internacional y ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Juan Antonio Carrillo Salcedo, advirtió en Santander que "el Gobierno español no puede interferir porque estaría en contra de la Constitución, que garantiza la independencia del Poder Judicial", informa Ana Ruiz. Carrillo Salcedo, cuyo prestigio le llevó en enero a ser elegido como uno de los sabios del comité encargado de investigar las acusaciones contra la anterior Comisión Europea, opinó que España "ha cumplido con su deber" y sostuvo que los argumentos de Chile "son infundados porque, tratándose de delitos de tortura y con víctimas españolas, no se aplica el viejo principio de territorialidad" y "la posición jurídica española es extraordinariamente sólida".