Investigados dos ediles socialistas de Barcelona por prevaricación

Un juzgado de Barcelona investiga la adjudicación directa del servicio de limpieza de los vehículos de la Guardia Urbana de esta ciudad por parte del Ayuntamiento, ya que considera que estuvo plagada de ilegalidades. El juez ha citado a declarar como inculpados a la concejal de Seguridad y Movilidad, Carme San Miguel, y al edil del distrito de Horta-Guinardó, Albert Batlle, ambos del Partit dels Socialistes de Catalunnya (PSC), así como a cinco técnicos municipales, por entender que su actuación, "a todas luces, se tipifica como un delito de prevaricación [dictar a sabiendas una resolución injusta]".En su auto, el juez Adolfo Fernández Oubiña relata que en julio de 1995 la Sociedad Municipal de Aparcamientos, que preside San Miguel, aprobó la concesión directa de la explotación de un garaje público a la empresa Our Company, SL, "sin abrir el periodo de oferta pública previa al preceptivo concurso" y "pese a tratarse de una sociedad carente de licencia municipal y de medios adecuados". Meses después, dos altos responsables de la Guardia Urbana, que depende también de San Miguel, firmaron un contrato mercantil con Our Company, "alejado de las mínimas garantías administrativas", otorgando la exclusividad del lavado de los 135 vehículos policiales "sin previa y pública licitación".

Precio excesivo

El juez asegura que el precio del contrato es, "a todas luces, excesivo y de mínimo esfuerzo": 21.000 pesetas anuales por automóvil, más otras 11.000 cada vez que fuese necesario limpiarlo. El contrato se firmó, según el instructor del caso, a pesar de que la empresa "carecía de un mínimo de maquinaria necesaria para prestar tal servicio" y de que fue comprada posteriormente "con dinero de la Caja Municipal obtenido por los ingresos".La investigación judicial se inició hace unos meses, cuando surgieron desavenencias entre los socios de la concesionaria y uno de ellos acudió al juzgado. Fue entonces cuando los dos jefes de servicios de la Guardia Urbana liquidaron la concesión e iniciaron los trámites para la contratación pública del servicio.

Tanto el garaje como la empresa de lavado de vehículos se instalaron en una zona verde del distrito de Horta-Guinardó, cuyo edil, Batlle, ya declaró hace semanas en el juzgado. Entonces explicó que desconocía ese hecho y las actividades de la empresa. Su versión, asegura el juez, "adquiere un aire patético" al afirmar que los técnicos del distrito no le infomaron de lo ocurrido. "Es imposible que el responsable municipal de un distrito desconozca la realidad de la mayor zona industrial que existe en su área de control", apostilla.

El instructor también considera que la actuación de San Miguel permitiendo las concesiones directas a la empresa beneficiaria supone una "burla a la necesaria y lícita competencia" entre las sociedades.