¿Fin de curso o fin de ciclo en la política catalana? ANTÓN COSTAS
Con la llegada de las vacaciones veraniegas la tradición académica invita a hacer balance de fin de curso para saber lo que hemos hecho bien y lo que dejamos para septiembre. Si aplicamos esa tradición a la economía y a la política económica catalana el balance es, cuando menos, contradictorio. Por un lado, la situación económica es, en términos generales, buena. Pero no ocurre lo mismo con la política económica del Gobierno catalán. En este terreno, más que de fin de curso habría que hablar de fin de ciclo. La economía catalana va bien. El último informe de coyuntura de la Cámara de Comercio permite que nos vayamos de vacaciones con optimismo. La actividad económica y el empleo mantienen un ritmo más que aceptable. La exportación se ha resentido un poco, pero la previsible mejora de la economía europea y la caída del euro harán que a la vuelta del verano veamos una cierta recuperación exportadora. Hay, no obstante, algún dato cuya interpretación es más incierta. Los precios catalanes crecen por encima de la media española. Y esto ocurre no sólo en el sector servicios, lo que era tradicional, sino en todos los sectores económicos ¿Cómo interpretar este comportamiento diferencial de los precios? ¿Qué efecto tendrá? La respuesta queda para el nuevo curso. En cualquier caso, la economía catalana ha superado el curso con brillantez. No ocurre lo mismo con la gestión económica del sector público catalán. En este terreno se aprecia un claro agotamiento, tanto de las concepciones estratégicas como de la política económica seguida por los gobiernos de CiU. El pensamiento del nacionalismo catalán sobre el papel de Cataluña en el mundo ha llevado al presidente Pujol a defender la conveniencia de que Cataluña gane independencia económica exportando más a los mercados internacionales y vendiendo menos en España. Eso sería una estrategia discutible. Mal lo habrían pasado las empresas catalanas en estos dos últimos años si no hubiesen contado con la fortaleza del mercado español. Además, la capacidad potencial de crecimiento de la economía española seguirá siendo más elevada que la de las economías europeas. Por lo tanto, la estrategia de las empresas catalanas ha de orientarse a afianzar y aumentar su cuota en el que es su mercado natural, el español, y a partir de esa fortaleza lanzarse a ganar posiciones en el resto del mundo. Por otro lado, el enfoque seguido por el Gobierno de Pujol en las negociaciones con Madrid no da más de sí. El enfrentamiento y el regateo continuo como estrategia de negociación política tienen a estas alturas más costes que beneficios. Los costes vienen de la mala imagen de los catalanes en el resto de España. Los beneficios son muy pocos, si existen. Ahí están los datos sobre ingresos por IRPF. Además, el agravio fiscal no da para montar una cruzada, y menos si al final resulta que el exceso de déficit fiscal de Cataluña con España podría reducirse a unos 30.000 millones de pesetas, como señala el experto en esta cuestión, Antoni Castell, en el reciente informe anual de Banca Catalana. Pienso que el déficit fiscal catalán es pólvora mojada que no le servirá a Pujol ni a Convergència para movilizar a la opinión pública. Pero quizá sean las pautas de comportamiento económico de la Administración autonómica el aspecto de la política del Gobierno de Pujol que peor balance muestra y que mayores hipotecas introduce para el futuro. La Administración catalana es la más cara (excluida la canaria) en términos de pesetas de gasto corriente por habitante. Y es una de las que menos invierten. Y lo poco que ha invertido el Gobierno de Pujol parece responder a una conducta basada en hacer lo que se debe aunque se deba lo que se hace. De ahí que sea la comunidad más endeudada, una conducta que no responde al seny del país. Además, la Administración nacionalista ha contribuido a cambiar la tradicional inclinación emprendedora que se predicaba de las élites catalanas por un nuevo gusto por la burocracia y la búsqueda de favores y concesiones administrativas. Los comisionistas y buscadores de rentas han sustituido en parte a los emprendedores. Así no se gana el futuro. Si este balance no está equivocado, la conclusión parece clara. Las concepciones estratégicas y las pautas de comportamiento de la Administración autonómica se han transformado en lastre para el dinamismo de la economía catalana. Y eso no se soluciona repitiendo curso. Algo nuevo habrá que inventar en la acción de gobierno de la Generalitat. Pero esto se parece más al fin de un ciclo que a la simple repetición de curso en septiembre.
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