CiU concluye que el escándalo del lino es un asunto forzado para desgastar al Gobierno

Ni trama de altos cargos en Agricultura para cazar las primas del lino, ni responsabilidad de la Administración central en el control del cultivo, ni fraude generalizado. Ignaci Guardans, diputado de CiU, adelantó ayer, 24 horas antes de que comparezca ante la comisión la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio, sus conclusiones tras las dos semanas de investigación parlamentaria. Así, la coalición catalana coincide con el PP, sosteniendo punto por punto sus argumentos, en que el escándalo suscitado es un asunto forzado por intereses políticos para desgastar al Gobierno.

El PSOE insistió ayer en que la ex ministra Loyola de Palacio amparó una trama en Agricultura dedicada al cobro de ayudas millonarias por el cultivo del lino y reiteró que el PP y sus aliados parlamentarios quieren cerrar la investigación en agosto para evitar que la nueva comisaria tenga que comparecer ante el Parlamento Europeo el 30 de ese mes con la polémica todavía abierta. Sin embargo, CiU adelantó ayer la conclusiones de las dos semanas de indagaciones reduciendo el escándalo suscitado al mero interés de desgastar al Gobierno del PP. En realidad, su diputado Ignaci Guardans sólo admitió un punto débil en la defensa de los altos cargos implicados. Según dijo, existen "indicios" de que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro -ha percibido 82 millones por ayudas desde 1994- pudo sobrepasar los límites de la Ley de Incompatibilidades de mayo de 1995 al compatibilizar su cargo con la condición de principal cultivador de lino en Cuenca. Por ello, CiU impulsará que se "examine" su situación. Pero no habrá ni una concesión más.

Para Guardans, el asunto sólo responde "a una maniobra política organizada en plena campaña electoral" y que ha provocado "acusaciones gravísimas, que no sólo no se han probado sino que son falsas", levantadas sobre "una normativa laxa común en la UE para el lino que ha permitido abusos y cobros por no hacer nada".

Las declaraciones ante la comisión han probado hasta ahora varios hechos. Tres de los cuatro altos cargos acusados de organizar la trama -Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el citado Moro y Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa- transformaban el lino que cultivaban ellos o familiares directos en la misma empresa, Colino, propiedad de los hermanos Ruiz Paz. Todos se conocían entre sí, aunque coincidieron al afirmar que nunca hablaron de sus comunes intereses agrarios. Los familiares de López de Coca -316 millones en ayudas en cinco años- y Ruiz Paz -46 millones- cultivan lino, venden las semillas, transforman el producto y certifican las producciones. El lino no sirve para el sector textil y no se vende, por lo que sólo se cultiva por las elevadas ayudas de la Unión Europea -120.000 pesetas por hectárea-. López de Coca elaboró y firmó el Plan Nacional de Controles de Cultivo, que incluía el del lino. El FEGA recomendó en 1997 a la Junta de Extremadura, ante las dudas surgidas, que pagara las subvenciones. El Ministerio de Agricultura es el que negocia en Bruselas todo lo relativo a las ayudas y el cultivo ha crecido un 1.200% en los últimos cuatro años. Otro alto cargo cuya esposa cultiva lino, el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla -20 millones-, es además propietario de una explotación dedicada a la cría de cerdos.

Aparte, quedan por aclarar graves acusaciones que afectan a los altos cargos. La principal fue expuesta por el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, quien aseguró que López de Coca, Moro y Ruiz Paz fueron los únicos, entre 1.000 agricultores castellano-manchegos, que llamaron a su departamento "de forma insistente" para evitar que se endurecieran los controles en la comunidad.

De cualquier forma, todo ello no supone, según el PP y CiU, prueba de irregularidad alguna. Muy al contrario, el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo calificó ayer de "canallada" las denuncias de la oposición. Primero, porque el cultivo del lino es legal; segundo, porque los más directamente beneficiados por las ayudas no son los altos cargos, sino sus familiares directos.

A su vez, el PSOE, a través de su parlamentario Francisco Amarillo, resaltó que es incomprensible que los populares quieran hacer ver como algo "normal" el que familiares de altos cargos en Agricultura se beneficien de ayudas comunitarias en sectores que están bajo su responsabilidad.

No obstante, los socialistas están en una situación incómoda. Ayer, tras amenazar con llevar la polémica al Parlamento Europeo y retomar con firmeza las acusaciones, su diputada Amparo Rubiales expresó el deseo de "desligar" la investigación de la toma de posesión de De Palacio como comisaria europea. Su propio compañero, Pedro Solbes, también nuevo comisario, se ha mostrado convencido de que el tema no afectará a la ex ministra y es partidario de que se zanje en España.