Pan para hoy
Cuando un asunto se lleva a los tribunales de justicia, los dirigentes de los partidos políticos deberían esperar callados a que el tribunal correspondiente se pronuncie. Lo contrario, les puede conducir a quedar desautorizados y en posición muy poco airosa. Viene a cuento esta introducción del auto del Tribunal Constitucional conocido ayer por el que se decide levantar la suspensión acordada hace cinco meses del decreto de la Junta de Andalucía por el que se concedían ayudas complementarias a favor de los pensionistas por jubilación e invalidez. El decreto fue recurrido por el Gobierno de la nación, alegando que la Junta de Andalucía se había extralimitado en sus competencias e invadido las del Estado. El Gobierno invocó el "privilegio procesal", que le reconoce el art. 161.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que obliga a este último a suspender la decisión de la Comunidad Autónoma recurrida por el Estado. Dicha suspensión tendrá que ser confirmada o revocada en el plazo de cinco meses. El Tribunal Constitucional suspendió el decreto hace cinco meses y ha levantado la suspensión una vez transcurrido este plazo. Si todo hubiera sido así sin más, no habría nada que decir. Si el Gobierno consideró que la decisión de la Junta de Andalucía había invadido la competencia del Estado, era su obligación recurrirla. Y nadie podría reprochárselo. El problema es que los dirigentes del PP, una vez que se produjo las suspensión del decreto andaluz por el Tribunal Constitucional, presentaron la suspensión como si la Junta de Andalucía hubiera sido desautorizada y el Tribunal Constitucional hubiera dado la razón al Gobierno. No alcanzo a entender qué ventaja esperaba el ministro Pimentel al actuar de esta manera. No sólo devaluaba su legítima decisión de recurrir, al manipularla políticamente, sino que, además, se arriesgaba a quedar desautorizado en un plazo muy breve, como efectivamente ha ocurrido. Es verdad que el auto del Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre el fondo del asunto y que hasta que no dicte sentencia no se sabrá si la decisión de la Junta es constitucional o no. Pero el auto es un auto "motivado", en el que el Tribunal justifica su decisión de levantar la suspensión y apunta unos argumentos, de los que cabe deducir que su decisión definitiva será favorable a la posición de la Junta de Andalucía. El auto además ha sido adoptado por el Tribunal Constitucional en la misma semana en que el ministro Pimentel ha lanzado la idea de subir las pensiones más bajas y en la semana en que se inicia el congreso del PP en Andalucía, es decir, en el peor momento posible tanto para el ministro como para su partido. El ministro es un hombre joven y a lo mejor todavía no se ha enterado de verdad de que a veces el pan para hoy es hambre para mañana. Habiendo estado tanto tiempo al lado de Javier Arenas, que es un experto en operaciones de ese tipo, debería de haberlo aprendido ya.JAVIER PÉREZ ROYO
