Más allá del simplismo CARLES CAMPUZANO

Afrontar el debate sobre la inmigración desde el simplismo y la obviedad tiene el riesgo de equivocar el diagnóstico y errar en las soluciones. Afrontar la cuestión además desde la demagogia fácil, tanto la conservadora como la supuestamente progresista, puede ser peligroso, entre otras cosas porque cuando hablamos de inmigración hablamos también, y a veces de manera fundamental, de sensaciones y sentimientos de la gente, de toda la gente que vive y trabaja en Cataluña, sea inmigrante o catalana, y los sentimientos y las sensaciones necesitan prudencia y sentido común cuando se abordan desde el ámbito público. Dicho esto, hemos de recordar que desde hace tiempo y desde diversos sectores sociales se nos viene advirtiendo de la necesidad de cambiar de chip respecto al fenómeno de la inmigración en nuestro país. Se nos advierte que con un discurso público sobre la inmigración que enfatiza sus aspectos problemáticos y negativos, con una Ley de Extranjería que degrada a las personas y es ineficaz desde la perspectiva del control de flujos, con unas políticas de integración social de la inmigración no suficientemente robustas, con otra para el desarrollo del Magreb y África quizás poco imaginativa y valiente, con los riesgos de mezclar marginalidad y miseria con inmigración e intolerancia, lo que hasta ahora no ha sido un problema político y social, como sí lo ha sido y lo es en otros estados europeos, lo puede acabar siendo en el Estado español. Ca n"Anglada, entonces, se nos aparece como advertencia para evitar un futuro que nadie desea. Y creo que somos una mayoría los que coincidimos en ese análisis, un análisis que centra su atención en el cambio de la Ley de Extranjería como eje de ese nuevo chip que debemos asumir todos. Hoy estamos ya diseñando un nuevo marco legal que sustituya a la actual Ley de Extranjería, una ley elaborada en 1985 por el Gobierno socialista, hoy claramente superada por la realidad, y que no ha servido a los objetivos que afirmaba proteger, ni ha consagrado la defensa de los derechos ni las libertades de los extranjeros tal y como reza en su título. Tampoco ha ordenado de manera diligente los flujos migratorios tal y como configura su articulado. Todo lo contrario. La Ley de Extranjería se ha convertido en un instrumento que degrada a la persona, que entroniza la discriminación, que aboca a miles de inmigrantes a la irregularidad administrativa como primer paso hacia la marginalidad social, que olvida cualquier pretensión de articular una política de inmigración orientada hacia la integración social, que en definitiva es un mal instrumento para responder con eficacia a los retos que los fenómenos migratorios van a suponer para nuestra sociedad en los próximos años. Y es una ley que en esta legislatura, en el Congreso de los Diputados, tenemos la oportunidad de modificar. En efecto, con la toma en consideración, el 16 de junio de 1998, de la proposición de ley de integración social de los inmigrantes presentada por Convergència i Unió, así como de otros dos textos de IU e IC, se iniciaba en el Congreso un trámite largo, pero orientado hacia la sustitución de la ley socialista de 1985 por un nuevo texto legal. Hoy los trabajos de la correspondiente ponencia parlamentaria están muy avanzados y gozan de un ampliado consenso los ejes de la nueva legislación, una nueva legislación que va a consagrar la plena igualdad de derechos y deberes cívicos y sociales de los inmigrantes con el resto de la ciudadanía (en materia educativa, sanitaria, prestaciones sociales, justicia gratuita, oferta pública de empleo, vivienda, reagrupación familiar...). Se trata de una nueva ley que ha de introducir mayores garantías para evitar los abusos de la Administración consular en materia de concesión de visados, una nueva ley que ha de evitar una de las principales consecuencias negativas de la vigente ley,