Hacienda disolvió en abril por presunta corrupción una unidad de inspección de élite

La Agencia Tributaria disolvió el pasado mes de abril la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales, un grupo de élite destinado a apoyar las investigaciones de la Inspección de Hacienda, tras constatar la existencia de prácticas corruptas en su interior. A este grupo pertenecía el inspector Mariano Navarro-Rubio Serres, detenido el pasado mes de junio por orden de una juez de Madrid, imputado por los supuestos delitos de extorsión, amenazas y divulgación de secretos. A otro ex miembro del grupo, José María Sánchez Cortés, se le ha abierto un expediente disciplinario.

Un informe confidencial elaborado en noviembre de 1997 -año y medio antes de la decisión de disolución- por los servicios de auditoría interna de la Agencia Tributaria, fue el primero en poner de manifiesto la existencia de prácticas sospechosas en la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales. Uno de los miembros más significados de esta unidad era Mariano Navarro-Rubio Serres, hijo del ministro franquista de Hacienda del mismo nombre, y detenido recientemente por una juez de Madrid por supuestos delitos de extorsión y divulgación de secreto. De acuerdo con el documento de auditoría al que ha tenido acceso este diario, varios miembros de esa unidad de élite encargada de asesorar a la inspección se comportaban de forma irregular. En referencia a dos de ellos, José María Sánchez Cortés y Manuel Fernández Vallejos, el informe refiere, entre otras cosas, que "los actuarios mencionados no acceden de manera sistemática a los expedientes que informan, sino que centran su atención en determinados de ellos, soliendo coincidir con los de personalidades más relevantes. Se actúa materialmente sobre algo más de diez expedientes de fusión cuando se debía informar de más de cuatrocientos expedientes por inspector. Este procedimiento de actuación no coincide con los demás actuarios, que suelen presentar mayor regularidad en el tratamiento de la información relativa a sus expedientes". El informe incide sobre el mismo punto y señala que "no se manifiestan en ningún momento del proceso de investigación razones consistentes por las que ésta se dirige hacia unos contribuyentes y no hacia otros, sin que exista tampoco una decisión formal al respecto del jefe de la unidad". Incompatibilidad También aparecen claras pruebas de incompatibilidad: "Se comprueba que tienen encomendada la investigación sectorial de distribuidores y operadores de derivados del petróleo teniendo intereses personales en dicho sector en los casos de Juan José Sánchez Diezma y José María Sánchez Cortés". Este último aún incurre en incomptabilidades mayores, pues, según el informe, "se ha obtenido del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales el texto de varias denuncias anónimas formuladas contra el mismo, así como el resultado de una investigación realizada por dicho departamento que concluye en la participación directa de Sánchez Cortés, o a través de su hijo, en varias empresas petroleras con un cumplimiento poco esmerado de sus obligaciones tributarias". Las referencias a Sánchez Cortés concluyen señalando que "con fechas posteriores a las actuaciones se ha recibido una denuncia privada formulada ante el Consejo de Defensa del Contribuyente que será objeto de investigación separada". Esa investigación, según las fuentes consultadas, ha desembocado en la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave contra Sánchez Cortés, quien también ha sido investigado en relación con el presunto intento de chantaje imputado al miembro de la misma unidad Mariano Navarro-Rubio. Sánchez Cortés estuvo anteriormente en la Dirección de Tributos y trabajó varios años en la Delegación de Hacienda en Campsa (hoy CLH). El informe de auditoría también afirma que "se ha podido comprobar un acceso reiterado de Juan José Sánchez Diezma a sus propios datos y los de sus familiares, señalando como razón del acceso una serie de expedientes de fusión que, en principio, no parecen tener relación alguna con el mismo". Otras actividades recogidas en el documento se refieren al incumplimiento del deber de confidencialidad de algunos inspectores, que facilitaban copias de los expedientes a sus compañeros y realizaban comentarios públicos sobre los mismos. Esta unidad especial estaba formada por poco más de una decena de miembros y el informe señala la existencia de prácticas cuestionables en relación a casi la mitad de los mismos.