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La ley chapuza

Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) aprobaron el pasado junio una ley tan incoherente que ni siquiera puede publicarse en el boletín oficial: la Ley del Centro de la Propiedad Forestal deberá volver al pleno del Parlament, a pesar de que ya ha pasado por este trámite anteriormente. Los servivios jurídicos del Parlament han detectado demasiadas "contradicciones" para que esta ley aprobada a toda prisa pueda entrar en vigor tal como la dejaron los diputados. La ley se debatió en el último pleno que se ha celebrado, el del 30 de junio, en el que CiU trató de aprobar el máximo número de iniciativas posibles ante la perspectiva de que las elecciones autonómicas de otoño impidieran la reapertura de la Cámara tras el verano, si bien el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, todavía no ha comunicado la fecha de las elecciones. Ante la necesidad de sacar adelante la ley, Convergència aceptó una enmienda transaccional del Partido Popular tan exhaustiva que en realidad significaba práctiamente una enmienda a la totalidad, según admitieron fuentes parlamentarias. El acuerdo provocó la perplejidad de los grupos de la oposición, que advirtieron durante el debate que la ley era una "auténtica chapuza". La admisión de una enmienda transaccional tan peculiar provocó además la interrupción de la sesión durante varios minutos ante la excepcionalidad de la medida. Al final, se acordó que el articulado se sometería a examen de los servicios jurídicos de la Cámara como paso previo a su entrada en vigor. El informe elaborado por del letrado del Parlament Francesc Pau Vall es taxativo: advierte que la ley contiene "varias contradicciones entre algunos artículos", sugiere la introducción de "correcciones gramaticales" y pide que se dé una "redacción armónica a los artículos 5, 6, 7 y 8 de la ley aprobada". Entre otras insuficiencias, el dictamen detecta que el texto da distintos nombres a los mismos órganos de gobierno del Centro de la Propiedad Forestal. Éstos cambian en funición del artículo, y tampoco coinciden en el número de miembros que los integran. Así, el artículo 7 se refiere al consejo de administración y le otorga 12 miembros. En cambio, el artículo 9 hace referencia al mismo órgano de gobierno como consejo rector y le asigna 15 miembros. Además, se establecen mecanismos distintos para elegir la presidencia. La acumulación de errores ha obligado a los partidos a volver a votar la ley en el pleno extraordinario del 28 de julio, a pesar de que CiU y el PP habían decidido dedicarlo exclusivamente a abordar la ley del deporte y la ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de julio de 1999