Preocupación en el Gobierno

El Gobierno considera "preocupante" la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar a la Mesa Nacional de HB por entender que supone "un retroceso de una de las patas, la Justicia, que ha contribuido al acoso de ETA y su soporte político". Además, el Ejecutivo entiende que el encarcelamiento de la cúpula de la coalición influyó también, en su día, en la declaración de la tregua indefinida de ETA.No obstante, el Gobierno ha anunciado, a través de su presidente, José María Aznar, que se encuentra de viaje por Oriente Medio, que "respeta, acata y cumplirá" la sentencia del Constitucional. En esa misma línea se pronunciaron el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, y el ministro del Interior, Jaime Mayor.

Pero el Ejecutivo, en un análisis político interno, cree que la excarcelación de la anterior dirección de HB, "no se entiende en la sociedad" porque "más allá de los argumentos jurídicos, había calado la idea, tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, de noviembre de 1997, de que la Mesa de HB era la dirección política de ETA".

Según el análisis oficioso del Gobierno, la suma de la actuación policial, la movilización social -que alcanzó su plenitud con las manifestaciones masivas tras el asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997- y la decidida actuación de la Justicia "pusieron contra las cuerdas a ETA y su soporte político, la Mesa Nacional de HB". El Ejecutivo estima que si ETA declaró una tregua indefinida en septiembre de 1998 fue por esa acción combinada.

En opinión del Gobierno, la Justicia, uno de los instrumentos que ha hecho posible esta nueva situación, ha experimentado un "retroceso" con esta sentencia. El propio presidente Aznar se implicó, al animar al Tribunal Supremo, en fechas anteriores a la sentencia de noviembre de 1997, a que "aplicara la ley con todas sus consecuencias".

La sentencia del alto tribunal se produjo cuatro meses después de las grandes movilizaciones de rechazo a ETA. El Gobierno cree que había "calado en la sociedad la identificación entre HB y ETA", ratificada por el Supremo en noviembre de 1997 y que la sentencia del Constitucional cuestiona. La consecuencia política, según el Ejecutivo, es que la sociedad "al no entender esta sentencia podría desmoralizarse y desmovilizarse".

La clave política está en que el Gobierno estima que la movilización social debe mantenerse, ya que aún no está consolidado el proceso de paz en Euskadi porque aún no hay garantías de que ETA deje definitivamente las armas. Por ello, desde La Moncloa se defiende la necesidad de mantener la política de presión sobre ETA y su entorno.

El Ejecutivo no concede mayor importancia a la existencia de dos direcciones en HB -la actual y la excarcelada- y cree que "se acoplarán en una sin mayores problemas".