Un juicio bajo presión

El presidente del Gobierno, José María Aznar, pidió el 21 de julio de 1997 al Tribunal Supremo que cumpliera la ley "con todas sus consecuencias". El mensaje inequívoco lo lanzó en La Moncloa, en una reunión que mantuvo con la corporación municipal de Ermua a los pocos días del asesinato por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en esa localidad, y a sólo cuatro meses de la celebración del juicio de la Mesa Nacional de HB ante el alto tribunal por la cesión de sus espacios de propaganda en las elecciones de 1996 a la organización terrorista, que difundió en privado un vídeo en el que exponía su Alternativa Democrática.El llamamiento de Aznar correspondía a un deseo expresado por la corporación municipal de Ermua y era una consecuencia de las grandes movilizaciones sociales de rechazo a ETA y HB que acababan de producirse en toda España. Fue el llamado espíritu de Ermua. Al asesinato de Blanco había que sumar, tan sólo unos días antes, la imagen del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado en condiciones penosas tras un secuestro de 547 días.

Sobre la mesa del Tribunal Supremo había un procedimiento, iniciado en abril de 1996, contra los dirigentes de HB por presunta colaboración con banda armada a causa de la difusión del vídeo de ETA cuando aún gobernaba en funciones el PSOE y Juan Alberto Belloch dirigía el Ministerio de Justicia e Interior.

El juicio se fijó para noviembre de 1997. ETA protagonizaba en ese momento una campaña de asesinatos contra concejales del PP. Junto a la movilización social se levantó un clamor político contra la banda y la dirección de HB, que fue en aumento entre julio y noviembre de ese año.

Aislamiento

La Mesa de Madrid, que reunía a todos los partidos democráticos, solicitó el aislamiento político de HB. Y entonces proliferaron las declaraciones políticas con una inequívoca petición de firmeza al Supremo. El ministro del Interior, Jaime Mayor, manifestaba en octubre de 1997 que tenía la "certeza moral y política de que ETA es HB y HB es ETA". Un mes después, el mismo ministro decía: "Hemos pedido que se cumpla la ley y vamos a confiar plenamente en lo que diga la Sala Segunda". Cuando se dictó, en diciembre, la sentencia condenatoria contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna por parte del Supremo el fallo no fue una sorpresa.