Lo político y lo jurídico

Las relaciones entre opinión pública y justicia son muy complicadas. A menudo, la justicia tiene razones que la ciudadanía no entiende y la ciudadanía plantea exigencias que la justicia no puede atender. En el primero de los casos, las sentencias pueden ser piedra de escándalo, como ocurre reiteradamente en materia de delitos sexuales u otros relacionados con las costumbres. En el segundo, la reacción espontánea, y a veces irracional, de la opinión choca con el sentido de la legalidad que corresponde a quien la tutela. Estas sombras de incomprensión son inevitables en un Estado de derecho que sea realmente garantista. Y, si no sobrepasan determinados umbrales, son positivas. Porque cuando se abre un abismo entre ciudadanía y justicia es que algo falla en el sistema judicial.El Constitucional deja en libertad a la Mesa de HB que el Supremo condenó hace dos años. Es una de estas situaciones que generan perplejidad en la ciudadanía porque le resulta difícil entender que la discrecionalidad de la ley sea tan alta como para que dos altos tribunales puedan tener posiciones tan distintas. Y en un caso como éste, con el proceso vasco de fin de la violencia de por medio, la sospecha de politización aparece enseguida.

En realidad, la historia venía turbia. La sentencia del Supremo que condenó a la antigua Mesa de HB se produjo en un momento en que, apoyado en el clima de indignación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Gobierno del PP emprendió una estrategia de acorralamiento policial de ETA y su entorno que, viendo el desarrollo de los acontecimientos posteriores, dio resultado: ETA se vio obligada a buscar en la tregua una salvación. El ministro Jaime Mayor Oreja, metido de lleno en aquella ofensiva, fue probablemente demasiado lejos en su activismo para conseguir una opinión favorable a la condena de la Mesa de HB. Los flirteos entre política y justicia siempre son peligrosos. Ahora Mayor Oreja se encuentra que la sentencia del Constitucional le coge con el pie cambiado. Y, como consecuencia de ello, aparece casi como una conclusión lógica lo que sería un disparate: a nuevos tiempos, nueva sentencia.

Si la nube de la politización planeó desde el primer momento sobre el procedimiento, la campaña manipuladora de filtraciones e intoxicaciones que ha soportado el Constitucional durante los últimos meses no ha hecho más que aumentar la confusión. Las deliberaciones de los tribunales son secretas, y deben serlo; sólo así el magistrado puede tener la plena libertad de convencer y ser convencido, de madurar sus planteamientos en el proceso de discusión. Para asegurar este secreto ni siquiera hay actas de las deliberaciones. Los doce magistrados se han reunido solos. Las filtraciones que se han producido sólo pueden venir de algunos de ellos. Este "algunos" parece reducirse como máximo a un par de nombres. La retransmisión de las deliberaciones en ligero diferido, pero adulterando el relato de las jugadas en beneficio del propio locutor, además de ser inaceptable, hace un flaco favor al prestigio de la justicia. La ciudadanía necesita confiar en los jueces: para ello exige imparcialidad y rigor. Estas frivolidades no ayudan.

Desde que el Supremo dictó la sentencia, había crecido la sensación de que el recurso de amparo podía prosperar. Jurídicamente, por tanto, no puede hablarse de sorpresa. Pero algunas incógnitas se abren en el panorama político: ¿afectará la sentencia del Constitucional al proceso vasco?

Puede que nos encontremos en el momento decisivo para evaluar la fuerza de los sectores decididamente reformistas de EH. Que el Constitucional excarcele a los miembros de la antigua Mesa de HB da argumentos para justificar la incorporación a la vida política de un Estado que, como los hechos demuestran, no es el Estado franquista camuflado de la doctrina batasuna. Habrá que ver cómo se resuelve el conflicto entre dos Mesas nacionales de HB: la que viene del pasado y la que apunta al futuro. No podemos olvidar que la Mesa que dirige Otegi se creó y se legitimó por oposición a la anterior. En cualquier caso, que desde el nacionalismo vasco se trate de presentar esta sentencia como una derrota del Gobierno no pasa de ser un brindis al sol. Lo que la sentencia demuestra es que el Estado de derecho está dotado de los mecanismos garantistas necesarios para poder subsanar un posible error judicial. En este sentido, el Constitucional confirma el criterio garantista que le ha caracterizado. Y esto siempre es una buena noticia.