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La UE abre una investigación sobre las TV públicas de Francia e Italia

De momento, la iniciativa comunitaria no afecta a España

La doble financiación, pública y comercial, de las televisiones públicas de Francia e Italia es el objeto de sendos procedimientos de infracción abiertos ayer por la Comisión Europea a los Estados respectivos. La apertura de esta investigación se produce tras las explicaciones que la Comisión pidió en febrero a Francia e Italia, y también a España, país que, al menos de momento, ha quedado al margen de esa iniciativa comunitaria.

Una decisión del Tribunal Europeo de Justicia, tomada el 15 de septiembre pasado, reprochó a la Comisión que no hubiera tramitado una respuesta a las denuncias de varias televisiones privadas (Tele 5 entre ellas) contra las públicas por competencia desleal. En febrero pasado, los servicios comunitarios de la Competencia pidieron explicaciones detalladas a los Gobiernos de los tres países mencionados, acerca del sistema de financiación de sus televisiones públicas. A raíz de ello, la Comisión abrió ayer procedimiento de infracción contra Francia e Italia.Por el momento, esa iniciativa no afecta a España, que en abril pasado respondió a los requerimientos informativos de la Comisión con los datos requeridos y la argumentación jurídica preparada por RTVE.

En los casos de Francia e Italia, la Comisión Europea pretende determinar cuáles de las ayudas públicas de las que se han beneficiado France-Télévision (France 2 y France 3) y la RAI lo han sido en función de misiones de servicio público. La investigación deja al margen los recursos obtenidos por dichas televisiones a través del canon -la tasa que pagan los ciudadanos, un concepto inexistente en España- y se centra en las subvenciones y sistemas de recapitalización adoptados para las televisiones públicas de dichos países, por dudar de que sean "compatibles con las reglas de la Unión Europea", explicó un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Una cuestión sensible

La Comisión Europea ha intervenido finalmente para tramitar asuntos que, habiéndose alargado mucho en el tiempo, no podían quedar pendientes para el mandato de la siguiente Comisión. Otro problema es el futuro que aguarde a estos procedimientos de infracción. La cuestión es muy sensible para los Estados miembros de la Unión. Los ministros de Cultura de los Quince ya realizaron una declaración conjunta, hace un año, en defensa del derecho de cada Estado a definir y organizar el servicio público audiovisual de sus países y la forma de financiarlo.Ayer mismo, poco antes de que la Comisión Europea anunciara la apertura formal de los procedimientos de infracción, la ministra francesa de Cultura y Audiovisual, Catherine Trautmann, se mostró muy firme al recordar que las normas de funcionamiento y financiación del sistema audiovisual público son asuntos que deben considerarse competencia de los Estados. "Corresponde a cada uno de nuestros países definir el papel asignado al sistema audiovisual público, su organización y el equilibrio de su financiación", reiteró la ministra durante un Consejo informal de ministros de Cultura y Audiovisual de la Unión Europea, reunido en Savonlinna (Finlandia).

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