La ruptura del diálogo conduce a la agudización de la guerra en Colombia

El proceso de diálogo entre Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucinarias de Colombia (FARC) está en el limbo. Al aplazamiento indefinido de la instalación de las mesas de negociación, se añade ahora la aceptación por los guerrilleros de su responsabilidad en la muerte de 11 personas en la zona de distensión y el retiro de los insurgentes de San Vicente del Caguán, el más grande de los cinco municipios desmilitarizados que debían de servir de escenario de paz.

El aplazamiento del inicio de las conversaciones de paz, que debían de haber comenzado ayer, tiene una causa difícil de superar: el Gobierno insiste en la creación previa de una comisión internacional de verificación, encargada de vigilar lo que sucede en la llamada zona de despeje (de distensión)-más de 42.000 kilómetros cuadrados-, y que se halla ahora en manos de la guerrilla. El Ejército acusa a los insurgentes de aprovecharse de esa zona para el rearme y lanzar ataques contras las Fuerzas Armadas. Las FARC lo niegan y limitan su aceptación de esa comisión de vigilancia a que ésta se dedique a vigilar el proceso.Las posiciones se radicalizaron un tanto con las declaraciones de Raúl Reyes, uno de los tres negociadores de las FARC, que aceptó, abiertamente, que en la zona despejada por el Ejército colombiano han sido asesinadas 11 personas. "Las FARC están interesadas en la paz y no tienen vocación de mártires", afirmó, para explicar después que los ajusticiados eran militares infiltrados disfrazados de civiles. "No nos dejaremos matar", advirtió el guerrillero.

"En Colombia no existe la pena de muerte" respondió de inmediato Alfonso Gómez, fiscal general de Colombia. "No permitiremos que se asesine a ningún colombiano, en ninguna parte de del territorio", terció después el presidente saliente del Senado, Fabio Valencia, uno de los cinco delegados del Ejecutivo en la mesa de negociación. Los cinco regresaron el domingo a Bogotá, con las caras largas por el fracaso.

Desde hace años, la guerrilla aplica la justicia revolucionaria que contempla la pena de muerte. "Yo mato a un sapo [informante] pero evito que éste mate a su vez a diez o 20", fue la lógica que explicó a este periódico un guerrillero que se encuentra en la zona de distensión. Hace un mes, en Puerto Rico, población vecina a San Vicente, las FARC fusilaron a 12 campesinos a los que acusó de favorecer a los paramilitares. Entonces no hubo mayor escándalo.

Voces que llaman a la guerra

Según el analista Jaime Zuluaga los malentendidos de hoy son el resultado de las "imprevisiones en el diseño del modelo de negociación": se convino el retiro de la fuerza pública, pero no se aclaró el campo de intervención de las FARC que, como todos los grupos guerrilleros, reinvindica una legalidad diferente a la del Estado. Zuluaga llamó a superar estos inconvenientes y a apostar por la calma: "La salida más favorable es el diálogo", dijo. Hoy, mientras esto sucede, el Gobierno exhibe compromisos claros de apoyo militar norteamericano y muchas voces llaman a la guerra. [Los empresarios colombianos conminaron ayer al presidente Andrés Pastrana a emplear "mano dura" contra la guerrilla, y a promover el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la privatización de la recaudación de impuestos y la búsqueda de una solución al actual desequilibrio fiscal, según informa la agencia Efe.]Horas después del anuncio del aplazamiento de la negociación, en silencio, sin dar explicaciones a nadie, las FARC levantaron sus retenes, abandonaron sus campamentos y oficinas de San Vicente del Caguán y se fueron dejando a esta población de 10.000 habitantes convertida en tierra de nadie y al país lleno de malos presagios.

No solo en San Vicente sino en los otro municipios despejados hay temor por una intervención paramilitar. Uribe, Mesetas, Macarena y Vistahermosa recostados en la cordillera que enmarca las llanuras de la provincia del Meta, están cercadas por una zona dominada, desde hace un tiempo, por los grupos paramilitares que combaten a la guerrilla. Este fin de semana estos grupos asesinaron a 14 campesinos de la región del Catatumbo en la frontera con Venezuela y secuestraron a 20 más. Al menos 60 campesinos han muerto desde hace un mes, cuando aparecieron en la zona las pintadas que anunciaban la llegada de la Autodefensas Unidas de Colombia, las mismas que aparecieron en las poblaciones que rodean la zona del despeje.