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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los errores se pagan

LA DEFENSA del medio ambiente y de la seguridad en los automóviles son conceptos de gran importancia social en Estados Unidos. Los grandes grupos automovilísticos mundiales lo están comprobando ahora. El Gobierno federal ha presentado una demanda de 9,5 billones de pesetas contra Toyota por prácticas contrarias al medio ambiente. La acusación parece una trivialidad vista desde sociedades menos sensibilizadas: algunos modelos de la firma, que vendió 2,2 millones de vehículos en EE UU entre 1996 y 1998, tendrían un defecto de funcionamiento en el control de los vapores procedentes de la gasolina almacenada en el depósito. Como Toyota no acepta la imputación y se niega a pactar amistosamente una multa, los tribunales decidirán quién tiene la razón.No se trata del único fabricante de coches enfrentado a un proceso judicial espectacular y costoso. Ford ha sido condenada a indemnizar con 47.200 millones de pesetas a los supervivientes de una familia accidentada en 1993. El tribunal considera que la compañía era consciente de que el techo del vehículo no resistiría el impacto de un vuelco en caso de accidente. General Motors ha tenido que pagar una compensación récord de 733.000 millones de pesetas a seis personas que sufrieron graves quemaduras cuando su coche se incendió después de recibir un golpe trasero.

Se trata de los últimos casos judiciales. Resultan espectaculares, pero no son los únicos ni serán los últimos. Demuestran que los tribunales norteamericanos aplican el principio de que las empresas son responsables de sus productos, pagan por sus errores y no pueden lucrarse a costa de deteriorar la seguridad de los usuarios. Revelan también que las empresas aceptan las reglas del juego y confían en la imparcialidad judicial aun a riesgo de perder enormes sumas, y que el Gobierno federal, tenga o no razón en sus imputaciones, aplica con diligencia y rigor la norma de que "quien contamina paga". Cualquier parecido con lo que aquí se hecho tras la catástrofe ecológica que la rotura de la balsa de Boliden provocó en Doñana, por poner sólo un ejemplo, es pura coincidencia.

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