La detención en Ecuador de dos líderes sindicales agudiza la crisis

Agencias

Nueve días de huelga del transporte -con 378 detenciones-, dos jornadas de protestas indígenas, el anuncio de paros en la enseñanza y la negativa de los sindicatos a aceptar las ofertas del Gobierno, han puesto a Ecuador al borde del caos. Por si faltaba algún factor en la profunda crisis a la que se enfrenta el Ejecutivo de Jamil Mahuad, ayer los sindicatos reaccionaron con ira ante la noticia de la detención de dos de sus principales líderes: Luis Villacís, presidente del Frente Popular -formación integrada en el Frente Patriótico, alianza que convocó esta semana el "levantamiento popular e indígena"-, e Iván Narváez, responsable del sindicato petrolero. El Parlamento ecuatoriano abrió otro frente de conflicto al derogar ayer el estado de emergencia y movilización decretado la semana pasada para el sector del transporte por Mahuad. La derogación de la ley de excepción se produjo con el voto favorable de 74 de los 90 diputados presentes en la sala de sesiones. El diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), la formación del ex presidente Abdalá Bucaram, Víctor Hugo Sicouret aseguró: "Resulta que el presidente Mahuad utiliza esos decretos para sancionar y reprimir al pueblo, olvidándose que la necesidad y el hambre en las reclamaciones es un eximente de responsabilidad penal", dijo Sicouret.

Arrestado un banquero

Por otra parte, ayer se conoció la detención en una base militar del banquero ecuatoriano Fernando Aspiazu, propietario del Banco del Progreso, que cerró sus puertas hace cuatro meses y que no logró capitalizarse en el plazo que le concedió el Gobierno. Aspiazu fue detenido mientras prestaba declaración ante un tribunal de Guayaquil. La crisis financiera que vivió el país en marzo y abril, cuando cerraron cuatro entidades y otras 10 fueron intervenidas, fue el inicio de los problemas para Mahuad. Las protestas continúan en todo caso, a pesar del anuncio hecho por el Gobierno de Mahuad de "congelar el precio de los combustibles hasta el 31 de diciembre" de este año -la subida de la gasolina y el gasóleo en más de un 13% el 1 de julio supuso el inicio de la huelga de transportistas-. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta y mantienen los paros.

Lo cierto es que tanto el combustible como los alimentos básicos comienzan a faltar en las ciudades del interior. Los indígenas cortan carreteras en varios puntos del país y Álvarez dijo ayer que se van a intensificar las acciones militares para garantizar la circulación.

Con esos dos frentes abiertos, transportistas e indígenas, el Gobierno tiene ahora que preocuparse también de los maestros. La Unión Nacional de Educadores anunció en la noche del lunes que irán a una huelga los próximos 21 y 22 de julio. Todos los grupos que participan en las protestas piden lo mismo: marcha atrás en el programa de ajuste económico que está poniendo en funcionamiento Mahuad, como parte de sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y, en caso contrario, dimisión del presidente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0013, 13 de julio de 1999.

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