La Comisión Europea advierte a Londres sobre la opacidad financiera en Gibraltar

Las quejas de España sobre la opacidad de Gibraltar han recibido por primera vez un espaldarazo que puede perjudicar al desarrollo de la plaza financiera del Peñón. La Comisión Europea aplazó la semana pasada la apertura de un procedimiento de infracción contra España por los excesivos controles en la verja, pero decidió, en cambio, denunciar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar en su colonia cuatro directivas que garantizan una mayor transparencia de las sociedades allí afincadas.

Hace ya 19 años que debería estar vigente en Gibraltar una directiva comunitaria sobre la obligación para las sociedades de elaborar balances y cuentas de pérdidas y ganancias y posteriormente publicarlas. Hace ya 12 años que las autoridades del Peñón deberían haber traspuesto otra directiva que exige a las empresas establecer cuentas consolidadas y un informe anual consolidado de gestión en el que deben figurar, entre otros datos, los principales accionistas, las cargas fiscales y las remuneraciones a los consejeros. Ambas directivas, que fueron completadas en 1993 con otros dos textos legales, están vigentes en el Reino Unido, pero no en su colonia, a cuyas autoridades Londres ha transfererido la competencia de introducirlas en su legislación. Aun así, Bruselas considera al Gobierno británico responsable de la aplicación en la Roca de la legislación comunitaria y, dos años después de formularle sus primeras advertencias, ha llevado a Londres al Tribunal de Justicia.

Ningún Gobierno gibraltareño ha traspuesto las directivas, porque, en opinión de un alto cargo del Ministerio de Exteriores español, "hacerlo dañaría su carácter de paraíso fiscal". "Causaría problemas al sector privado establecido en la colonia, que podría tener la tentación de emigrar a lugares como las islas Antigua y Barbuda o Caimán, en las que nunca estará vigente la legislación europea y se permite una total opacidad".

Domiciliarse en Gibraltar sólo le cuesta a una sociedad unas 57.000 pesetas. En los últimos dos años, las empresas de estas características han aumentado de 53.000 a 76.000, de las cuales el 11% (8.466) ha tenido actividad en España, según datos de la Agencia Tributaria revelados en junio en la comisión parlamentaria para el estudio de las drogas. "Un elevado número de estas sociedades estaría implicado en el blanqueo de capitales", denunció ante la comisión el diputado Manuel Millán. "Algunas de estas sociedades estarían siendo utilizadas por españoles con fines claros de evasión fiscal".

Para la diplomacia británica no cabe la menor duda de que las cuatro directivas serán introducidas en Gibraltar mucho antes de que el Tribunal de Justicia dicte sentencia. A principios de año, Londres fue denunciado, por primera vez, por el incumplimiento, por su colonia, de sendas directivas sobre el ruido de los aviones. Dos meses después empezaban a aplicarse.

En Exteriores se duda de que esta vez se muestre tan diligente, porque es consciente del perjuicio que puede causar al peculiar modelo de desarrollo gibraltareño. "Si Bruselas se pone pesada y Londres acaba presionando para que cumplan la legalidad, algunos responsables gibraltareños soñarán con la independencia para evitar que las sociedades fantasma se marchen".

Hay otras 11 directivas que no han sido traspuestas porque, según Londres, no lo requiere el estatuto particular de la colonia, una opinión que no comparte la diplomacia española. Hay también otras muchas directivas bloqueadas a causa de las desavenencias entre Madrid y Londres.