Las tabacaleras se movilizan para anular la primera gran victoria judicial de los fumadores

Las tabacaleras de EE UU movilizaron ayer a un ejército de abogados para bloquear o anular el veredicto de un jurado de Miami (Florida), que las consideró culpables de provocar una veintena de enfermedades en los fumadores y de ocultar la utilización de sustancias adictivas en los cigarrillos. La sentencia, que responde a la demanda de nueve fumadores enfermos en representación de 500.000 afectados, pone en jaque a la industria del tabaco, ya que las indemnizaciones por este caso, por los cientos pendientes de veredicto y por los que se avecinan pueden alcanzar decenas de billones de pesetas.

En la madrugada española del jueves, un jurado de Miami declaró responsable a la industria del tabaco de "conspirar para ocultar información sobre los peligros de fumar y de actuar fraudulentamente manipulando los niveles de nicotina para crear adicción". Es la primera vez que una demanda colectiva de fumadores de EE UU acaba en sentencia, y condenatoria. El veredicto, el peor para las tabacaleras en 40 años de litigios y el primero en respuesta a una class action lawsuit (demanda que plantea un número determinado de personas en representación de un grupo masivo de afectados) da paso ahora a la segundo fase del proceso: la fijación de las indemnizaciones y su reparto entre los 500.000 fumadores de Florida afectados por alguna enfermedad relacionada con el tabaco. Está previsto que el juez Robert Kaye anuncie la fecha de comienzo de la segunda fase durante una audiencia que se celebrará el lunes.

La acusación ha solicitado una indemnización de 200.000 millones de dólares (unos 32 billones de pesetas, aproximadamente la tercera parte del PIB de España). Sin embargo, algunos expertos calculan que podría alcanzar los 500.000 millones de dólares (80 billones de pesetas). De fijarse una cifra compensatoria, siempre y cuando no prosperen los recursos de las industrias tabacaleras, cualquier afectado de Florida podrá reclamar su indemnización con la simple confirmación de que su enfermedad es producto del hábito de fumar.

Una de las posibles estrategias legales de las tabacaleras para bloquear el proceso sería pedir la anulación del juicio por cualquier defecto de forma o de fondo durante la audiencia del lunes, explicó ayer al EL PAÍS el portavoz del Tribunal de Miami, Morton Lukoff. Algunos jueces han fallado en el pasado a favor de las compañías por considerar que es imposible sentenciar una demanda planteada por cientos de miles de afectados ya que cada caso tiene sus propias características. Pero el abanico de argucias legales es más amplio. Según el sistema norteamericano de justicia, la defensa puede también apelar en primera instancia a la Tercera Corte de Apelaciones, con sede en Miami, opción que ayer, al cierre de esta edición, los abogados de las tabacaleras no habían ejercido, según informó el secretario de dicho tribunal.

La defensa también puede solicitar, de forma simultánea a las anteriores, una orden de stay o suspensión para parar la segunda fase del juicio hasta que no se decida sobre las mociones o la posible apelación. De ser así, el caso se prolongaría durante años. El objetivo de las tabacaleras es dilatar el proceso al máximo. Los abogados de la defensa han alegado a lo largo del juicio que las tabacaleras no manipularon los cigarrillos para hacerlos adictivos y que los fumadores conocían perfectamente los peligros de fumar. Las tabacaleras condenadas son Philip Morris, R. J. Reynolds Tobacco, Tobacco Institute, Council for Tobacco Research, Dosal Tobacco, Brown and Williamson, Lorillard Tobacco, Liggett Group y Brooke Group.

Aluvión de demandas

Una apelación de las compañías conllevaría el interrogatorio del medio millón de personas representadas en la demanda colectiva, según abogados y expertos jurídicos, que califican este proceso como uno de los casos legales más complejos que se han dado nunca en los tribunales de Estados Unidos. La demanda original la presentaron nueve fumadores enfermos en nombre (class-action law suit) de "todos" los ciudadanos de Florida cuya salud ha sido dañada por el tabaco. Llegado el caso, la proporción del reparto la determinarían los tribunales. Las repercusiones económicas pueden ser enormes. El juicio de Miami se refiere sólo a los fumadores de Florida, pero la industria se prepara ahora para un aluvión de demandas en todo el país.

La amenaza de bancarrota no es despreciable para las tabacaleras, que hasta ahora habían esquivado siempre una sentencia de culpabilidad como la que se falló en Miami, en parte por los acuerdos extrajudiciales a los que llegaron con los estados el año pasado. Pero en esas querellas eran los gobiernos los que reclamaban daños compensatorios por los gastos en el tratamiento de enfermedades derivadas del hábito de fumar. En este juicio, son los propios afectados los que han sentado en el banquillo a las tabacaleras. Y les han vencido, de momento.

Las posibilidades de que este caso se cierre con un acuerdo extrajudicial son escasas, según los analistas. Martin Shack, un experto que analiza las responsabilidades de la industria del tabaco, sostiene que el veredicto de ayer complica extraordinariamente un acuerdo extrajudicial porque la indemnización a negociar es ahora mucho más elevada de lo que hubiera sido hace una semana. Normalmente, los pactos se cierran antes de las sentencias.

El juicio tardó un año y un día, y durante el mismo los seis jurados tuvieron que revisar 37.000 documentos y cientos de testimonios. Para la segunda fase están previstos, de momento, los testimonios de los nueve demandantes originales.