Una ONG insiste en que la Comunidad desatendió a tres 'sin papeles'

La Asociación de Promoción de Servicios Sociales (Aprosers) ratificó ayer las denuncias que presentó la semana pasada contra la Comunidad de Madrid por rechazar a tres inmigrantes sin papeles en sus casas-refugio. Los miembros de esta ONG, sin embargo, acogieron con beneplácito el anuncio de los tres grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid (IU, PSOE y PP) de introducir reformas legales para que la Ley de Servicios Sociales ampare a los inmigrantes no regularizados. Según Dolores Tapia, coordinadora gerente de Aprosers, la Comunidad remite a las ONG los casos de inmigrantes irregulares que no puede resolver. "Pero las ONG a veces tienen los cupos completos y no pueden mantener por mucho tiempo a las afectadas", señaló. Ángel Carrasco, el portavoz de Aprosers, consideró "injusta" esta situación y pidió a la Comunidad que "estudie mejor los casos de las ilegales" porque es un problema de "emergencia social".

Atención a todos

La directora general de la Mujer, Asunción Miura, salió una vez más al paso de las afirmaciones de Aprosers y aseguró que la Comunidad "atiende a todos los inmigrantes en los centros sociales independientemente de si tienen papeles o no". Los casos concretos que citó Aprosers, obedecen, según Miura, a que en las casas refugio se cumplen procesos de rehabilitación que incluyen reinserción social, búsqueda de empleo y de vivienda. Esto, según Miura, se complica para las inmigrantes por su situación irregular en España.

"Conseguirles trabajo y acceso a vivienda no es una competencia autonómica. Además, la Comunidad no puede conceder residencia a los inmigrantes sin papeles", señaló Pedro Calvo Poch, portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular.

La coordinadora general de áreas de Izquierda Unida, Mercedes Galindo, aseguró, por su parte, que la Comunidad de Madrid no siempre presta una atención primaria rápida a estas mujeres.