De la Rosa y Folchi, los reyes de las comisiones

El financiero Javier de la Rosa y su abogado Juan José Folchi obtuvieron presuntamente importantes comisiones a través de las empresas instrumentales Aciesa y Pinyer de las que se beneficiaron políticos y ellos mismos. Aciesa, al servicio de Javier de la Rosa, intervino en dos operaciones inmobiliarias con la Generalitat, que compró a precios superiores a los de mercado, y generaron comisiones por importe de 485 millones de pesetas a favor de terceros. En el caso de Pinyer, los ingresos obtenidos por su actividad como comisionista proporcionaron beneficios a De la Rosa y Folchi. En 1990, uno de los mejores amigos de Javier de la Rosa, el empresario Lorenzo Rosal, quería vender un inmueble propiedad de su sociedad Cidesport. Esperaba obtener 1.400 millones. De la Rosa le prometió ayuda y, poco después, recibió una propuesta de compra por parte de un funcionario de la Generalitat.

El departamento de Gobernación de la Generalitat inició en 1991 la búsqueda de un edificio para cuartel de los Mossos d" Esquadra (policía autonómica). La Dirección General de Patrimonio de la Generalitat visitó hasta 13 posibles emplazamientos, tanto en régimen de alquiler como de venta. Finalmente, se decidieron por un antiguo edificio industrial de Poble Nou (Ávila, 159). Era el inmueble de Cidesport.

Los técnicos detectaron que el edificio padecía aluminosis, por lo que la compra se paralizó. Aquello dio lugar a un sinnúmero de conversaciones bilaterales: De la Rosa-Generalitat-Rosal-De la Rosa. En esas conversaciones, De la Rosa impuso el pago de unas comisiones de 185 millones "para alguien importante".

El Consejo de Administración de Cidesport se negó a satisfacer este pago si no podía justificarlo. Pero acto seguido recibió la propuesta de canalizarlo y justificarlo con recibos de la sociedad Aciesa. La propuesta fue aceptada.

El 30 de junio de 1992, la Generalitat formalizó un contrato de alquiler del edificio, con opción de compra, con la propietaria del inmueble, Cidesport, que se comprometía a subsanar los defectos de construcción del mismo.

El 5 de febrero de 1993, Patrimonio -que entonces dependía del consejero de Economía y Finanzas, Macià Alavedra- ejercitó su opción de compra al considerar que el edificio "ya no presentaba patologías de carácter estructural", según una nota del departamento de Gobernación, dirigido por Josep Gomis.

Cidesport recibía de Aciesa una factura de 110 millones de pesetas con IVA (124 millones) "por estudios, trabajos y gestiones por encargo de su compañía durante 1990, 1991 y 1992".

La factura, fechada el 27 de junio de 1992, fue seguida de otra el 18 de mayo de 1993 por 75,9 millones de pesetas "a cuenta, por la financiación de la operación". En total, 170 millones que Cidesport pagó a Aciesa.

Tras el pago de la comisión, la Generalitat adquirió el edificio por 1.700 millones de pesetas. Se trataba de una parcela de 1.827,19 metros cuadrados, con una superfície total construida de 11.992 metros cuadrados. En los documentos oficiales se afirma que era la mejor oferta "técnica y económica". Los técnicos inmobiliarios consultados califican el precio de "exagerado para aquel momento en la zona descrita, teniendo en cuenta la calidad del inmueble". Además, el edificio estaba calificado como zona industrial y la Generalitat tuvo que recalificarlo.

Aciesa era una sociedad gestionada por el despacho del abogado Juan José Folchi y que sirvió a De la Rosa para cobrar importantes comisiones en múltiples operaciones de compra y venta del Grupo Torras.

Otra operación fue reconocida por el propio Javier de la Rosa ante el juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Grand Tibidabo. El financiero admitió que había pagado importantes comisiones "por la venta del edificio situado en Diagonal, 542, sede del Consorcio Nacional del Leasing (CNL), a la Generalitat para instalar allí la Consejería de Medio Ambiente".

De la Rosa lo negoció directamente con el ex consejero de Economía, Macià Alavedra. La compra del inmueble supuso unas comisiones de 300 millones más IVA, aproximadamente el 6% del precio, que se estableció en 4.200 millones de pesetas. Sin embargo, un informe de Hacienda encargado por el Juzgado número 1 de Barcelona concluye que la Generalitat pagó 900 millones de más por este edificio, según las condiciones catastrales y de mercado de ese momento. De la Rosa declaró que conocía previamente el interés de la Generalitat por ese edificio. Aciesa cobró 240 millones "a cuenta" el 25 de julio de 1991, y el resto (42 millones), el 16 de octubre de 1991.

CNL pagó la comisión con cheques del Banco de España y luego De la Rosa retiró el dinero de Aciesa dejando en su lugar unos pagarés. Ésa era la técnica habitual al retirar efectivo de Aciesa, lo que hace muy difícil seguir el destino final de las comisiones. "Luego, esos talones" pagados por CNL, añade De la Rosa en sus declaraciones, "se los di a una persona que lamento en este momento no poder decir quién es". Esa comisión fue a parar -según se acredita en el sumario del caso Grand Tibidabo- a sufragar el diario El Observador. Aciesa actuó también como intermediaria en el "envío" de 215 millones a Coterma, empresa administrada por Armand Carabén, presidente entonces de la editora del diario nacionalista

El Observador, que promovía Lluís Prenafeta y que acabó recibiendo 175 millones de Aciesa-De la Rosa.