Un grupo de supuestos empresarios textiles estafa más de 3.000 millones con falsas ventas

Un grupo de empresarios textiles ha demostrado cómo lograr más de 3.000 millones sin vender un hilo. El distribuidor de los productos de estos empresarios cobraba por adelantado en los bancos los pagarés firmados a 140 días por supuestos clientes que habían comprado una mercancía inexistente. Con el dinero anticipado por los bancos, los empresarios textiles se lo entregaban nuevamente a sus falsos clientes para que pagasen parte de sus deudas correspondientes a los pagarés a fin de mantener su solvencia en los bancos. Con este sistema consiguieron hasta 3.000 millones.

La Brigada Provincial de Delitos Económicos siguió este hilo hasta detener a siete supuestos empresarios implicados en la estafa a los bancos, según la versión policial. Uno de los vértices de esta supuesta estafa se hallaba situado, según la policía, en la empresa Anpra Gestión, con sede en Madrid. Tiene como administrador único a J.S.B. y un objeto social consistente en la gestión de cobros y deudas y la expedición de facturas. En concreto, en 1998 hizo facturas contra la empresa textil Acolchamar, radicada en Alcoy (Alicante), por un monto de 2.500 millones. Pero facturas, según la investigación policial, sobre la nada.

Sólo a un empresario le pareció sospechosa esa cifra: al distribuidor de la mercancía de Acolchamar, la firma Miguel Pérez Tormo, ubicada en Cocentaina (Alicante), que comprobó que tal cantidad coincidía con la misma que Acolchamar ingresaba de sus comunes clientes. Había una coincidencia más. La empresa madrileña Anpra Gestión tenía como administrador único a la misma persona que aparecía con idéntico cargo en una docena larga de empresas clientes de Acolchamar: J.S.B. Varias de esas empresas se hallaban en Madrid. J.S.B., según la policía, estaba en los dos extremos de la cadena de las falsas operaciones comerciales. La teoría era que Acolchamar distribuía directamente la mercancía a una decena larga de empresas que libraban los pagarés a 140 días al distribuidor Pérez Tormo. Esta firma solicitaba a los bancos que le adelantaran el pago de los pagarés. Los falsos clientes tenían hasta 140 días para saldar sus deudas con los bancos. En cambio, Pérez Tormo pagaba en no más de 15 días a la empresa textil, Acolchamar, con el dinero adelantado por los bancos. Pérez Tormo nunca supervisó la mercancía. En septiembre de 1998, cuando el dueño de esta firma advirtió que al menos 14 de los clientes que le designó Acolchamar para cobrarles tenían un mismo propietario, sus alarmas se dispararon. Exigió una reunión con el dueño real de Acolchamar (J.G.C.) y con el falso cliente J.S.B.

Cuando Pérez Tormo les exigió que saldaran los 1.700 millones que le adeudaban o que le entregaran la mercancía, ambos empresarios le explicaron que no existía ni había existido nunca producto textil alguno en los cuatro años que venían operando.

15 bancos afectados

Pérez Tormo denunció entonces esta monumental estafa, que dañó a 15 bancos. La policía ve con suspicacia que Pérez Tormo pidiera créditos para operaciones con J.G.C., un empresario de escasa solvencia al haberse visto implicado en suspensiones de pagos. Por tal razón operaba con un testaferro en Acolchamar, J.M.A.E. La policía estima el fraude en más de 3.000 millones, y detuvo a siete supuestos empresarios la semana pasada entre las ciudades de Madrid, Alicante, Valladolid y Ourense. J.G.C. se erige en uno de los cerebros de este plan, según la policía, en la medida que proporcionó el listado de clientes a su distribuidor, que, por otro lado, nunca distribuyó, sino que sólo se encargó de cobrar. Hasta que temió dejar de cobrar por su intermediación y lo denunció. La policía estima entre un 8% y 10% el beneficio que este distribuidor llegó a percibir.

El denunciante desempeñó un papel fundamental en la trama en la medida en que su prestigio en los bancos avaló la obtención de unos créditos que sin él habrían sido denegados.

La policía investiga dónde se encuentran las connivencias entre los empresarios que tuvieron relación con esta maraña de sociedades sin otro objeto que estafar a los bancos.

Amén de la estafa y la falsedad documental, la policía estima que tras esta operación puede haber trazos de delitos contra la Hacienda pública. A.P. es considerado por la policía como el dueño real de Anpra Gestión, y, por tanto, coautor de esta farsa empresarial.

Ningún cliente de esta trama vio edredones, sábanas ni toallas. Ni Acolchamar los fabricó, ni Pérez Tormo los distribuyó, ni 20 clientes los compraron, ni Anpra Gestión dio materiales para fabricarlos.