De Aguiar y Huguet niegan ante la juez las nuevas imputaciones realizadas por Folchi
Aparentemente es imposible saber quién dice la verdad, si los ex altos cargos de Hacienda Ernesto de Aguiar y José María Huguet o el ex abogado de Torras Juan José Folchi. Sólo hay una cosa clara, según el fiscal del caso Kio. Huguet y De Aguiar recibieron en Suiza 470 millones de pesetas procedentes de cuentas de Torras y de Folchi. Pero nada más. Ayer, ante la juez Teresa Palacios, los dos ex altos cargos reiteraron que el dinero lo ganaron en Bolsa y negaron las nuevas imputaciones realizadas por Folchi sobre la existencia de una tercera cuenta en Suiza y la compra de deuda pública especial.
El fiscal del caso, Salvador Viada, reconoció ayer el bloqueo de la investigación sobre esta ramificación del caso Torras. Por un lado, la información aportada por Huguet y Aguiar sobre sus operaciones en bolsa es dudosa -no acredita los supuestos beneficios bursátiles-, cuando no claramente insuficiente. Al mismo tiempo, los argumentos de Folchi en el sentido de que esos pagos compensaban los servicios prestados por De Aguiar cuando era director general de Hacienda, entre 1988 y 1990, en tres grandes operaciones de fusión, tampoco se soportan con documentación suficiente a juicio del fiscal.
Tan sólo se conocen hasta ahora tres cartas cruzadas entre Folchi, Aguiar y el ex secretario de Estado de Hacienda Josep Borrell, que no van más allá de poner de manifiesto la existencia de buenas relaciones entre los dos primeros. También hay un fax enviado por De Aguiar a Folchi desde el ministerio con el contenido del decreto concediendo exenciones fiscales a la fusión de Ercros, pero tiene fecha posterior a su publicación en la prensa.
Ayer, al término de la declaración de De Aguiar, sus abogados Pau Molins y Javier Melero quisieron hacer constar que su cliente niega todas las imputaciones realizadas por Folchi durante su declaración de la víspera. Según ellos, De Aguiar nunca asesoró en operaciones de fusión al Grupo Torras, en contra de lo aseverado por el letrado, y no existen más cuentas en Suiza, aparte de las dos ya reconocidas por Huguet y De Aguiar.
Tan sólo dieron credibilidad a la parte de la declaración de Folchi en la que aseguró que los dos ex altos cargos habían invertido en la salida a bolsa de la sociedad Inpacsa, papelera filial de Torras. Por cierto, una inversión que triplicó su valor en sólo 15 días, algo muy acorde con la magia bursátil desplegada por Javier de la Rosa en aquellos años de frenesí de los mercados de renta variable, en el segundo lustro de los ochenta.
También negaron que De Aguiar hubiera llegado a conocer a De la Rosa, algo que había asegurado con detalle Folchi en su declaración. Folchi afirmó, además, que aportaría nuevos documentos para acreditar sus afirmaciones, especialmente la de que fue De la Rosa quien decidió los honorarios que recibiría De Aguiar.
A todo esto, el letrado de De la Rosa, Francesc Jufresa, que intenta pasar inadvertido en todo este episodio, no planteó la posibilidad de que se citara a declarar a su cliente para aclarar este extremo. Los abogados de los ex altos cargos, tampoco.Molins y Melero echaron mano de la reciente sentencia del Tribunal Comercial de Londres en la que Folchi ha sido condenado junto con otros cuatro demandados a devolver más de 70.000 millones de pesetas a Torras. Según ellos, la explicación utilizada por Folchi justificando los pagos a De Aguiar por servicios prestados pretende ocultar el hecho de que el abogado desvió de forma indebida dinero de Torras para sus negocios particulares.
Así las cosas, según el análisis del fiscal, y también de los abogados de Torras, el caso queda, a la espera de posteriores revelaciones, en un delito fiscal prescrito, ya que ni Huguet ni De Aguiar, ni tampoco Folchi, admiten ningún tipo de cohecho en esos pagos, único elemento que podría llevar a ampliar el plazo de prescripción hasta los 10 años y a hacer posible que aún hubiera procesamiento. La inexistencia de cohecho es el único punto en el que están de acuerdo los tres personajes implicados en este episodio particular del caso Kio.
El fiscal también señaló que ante la existencia de dos versiones tan contradictorias no tenía sentido proceder a un careo a fin de aclarar puntos oscuros. Los abogados Huguet y De Aguiar afirmaron ayer que el propio Folchi había renunciado el día anterior a pedir el careo.
Tras la declaración de De Aguiar le tocó el turno a su socio Huguet. Sin embargo, esta comparecencia quedó suspendida cuando el fiscal Viada comenzó a preguntar a Huguet sobre un informe aportado por Hacienda sobre inspecciones a sociedades relacionadas con Torras como Aciesa y Beaming. Los abogados de Huguet alegaron que su cliente no conocía ese informe, por lo que se encontraba en situación de indefensión. La juez estimó la petición y acordó aplazar la declaración de Huguet hasta el próximo 12 de julio.
También durante la mañana de ayer el abogado de Javier de la Rosa, único implicado en el caso Torras que está en prisión, presentó un escrito con varias alegaciones a la decisión de la Sala de la Audiencia fijando una fianza de 5.000 millones para obtener su excarcelación. Los letrados de De la Rosa pretenden que se rebaje esa cantidad, una decisión sobre la que deberá pronunciarse la juez Palacios.
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