Los dueños de TCSA confirman las razones políticas de su pérdida patrimonial

Los principales accionistas de TCSA, la empresa encargada del transporte en autobús en Bilbao y en las localidades de Vizcaya más pobladas, ratificaron ayer la existencia de razones políticas en la operación inmobiliaria que supuso una pérdida patrimonial de 450 millones de pesetas. Un Juzgado de Instrucción de Bilbao está investigando una querella presentada por otro accionista, en la que acusa de un delito de apropiación indebida y administración desleal a 11 directivos de TCSA. La denuncia relata que la empresa vendió en 1994 a una inmobiliaria filial suya siete inmuebles por valor de 216 millones de pesetas y los recompró, tres años después, por 666 millones. Durante ese periodo de tiempo las lonjas fueron además alquiladas a la propia TCSA para el uso que requería el servicio de autobuses. Por ello, el querellante sostiene que hubo una "apropiación indebida" de 450 millones de pesetas. En el segundo día de declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao, Juan Aguinaga Cárdenas, Jesús Llantada Aguinaga y Jaime Llantada Aguinaga -representantes de las dos familias que tienen el control de TCSA- coincidieron con la versión que ofreció la víspera el presidente de la compañía, Cipriano Berrospe. Éste aseguró que la operación inmobiliaria se realizó porque "había que dar un beneficio políticamente más presentable". La compañía de autobuses TCSA recibe más de 100 millones de pesetas anuales de subvención de la Diputación Foral vizcaína y el Ayuntamiento de Bilbao debido al servicio público que presta y con el objetivo de mitigar el déficit que supone un transporte de estas características.