Una investigación internacional revela un caos en la Administración palestina

La Autoridad Palestina debe acometer profundas reformas en su Administración. Ésta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de expertos internacionales que durante 12 meses han diseccionado el funcionamiento del Gobierno de Yasir Arafat. La auditoría, que elude citar personalmente a Arafat, ha sido realizada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos (institución que publica la revista Foreign Affairs), con financiación de la Comisión Europea y de Noruega. Además, han participado cinco exjefes de Gobierno europeos, entre ellos el español Felipe González y el francés Michel Rocard. La Administración palestina adolece de un exceso de centralismo ejercido por Arafat, quien controla el periodo de vacaciones y las dietas de los altos funcionarios, y otorga empleos en la Administración como recompensa. También la usa para combatir el paro, lastrando de tal manera la Administración que corre el riesgo de carecer de fondos para las pensiones.

Las anomalías afectan también al Consejo Legislativo Palestino (Parlamento), que se encuentra coartado por las iniciativas de Arafat, quien, en más de una ocasión, ha bloqueado sus actuaciones. Así lo demuestra, según el informe, el retraso en la entrada en vigor de la Ley Básica o Constitución, en la que se contempla y consagra el principio democrático de la separación de poderes y se garantizan los derechos de los ciudadanos.

Otro de los puntos graves lo constituye el aparato judicial, que está a punto de desaparecer y cuya situación es "incurable", añade el documento. Se recalcan las interferencias excesivas de los gobernadores de las ciudades en un intento de suplir la falta de jueces y de tribunales.

"Es necesario, en su propio interés, que la Autoridad Palestina demuestre su capacidad de ver y reconocer sus propios defectos, se haga cargo y dirija un proceso de reformas", asegura el informe en el que se sugieren las siguientes medidas urgentes: aprobar la Constitución, bloqueada por Arafat; reducir las tareas de la Oficina del Presidente, delegando funciones en ministerios y gobiernos locales; garantizar el poder del Consejo Legislativo; abolir los tribunales de excepción; colocar la policía bajo la autoridad civil, y reducir su tamaño.

El estudio, aunque reconoce algunos de los esfuerzos efectuados en situaciones difíciles por Arafat, como las elecciones libres, la recaudación de impuestos, el desarrollo de un sistema de educación o de sanidad, ha sido acogido con desagrado por la Autoridad Palestina. Considera algunas de sus conclusiones como "demasiado duras" e "injustas", según se aseguraba ayer en medios diplomáticos vinculados a la Unión Europea.