Sombras legales en el proceso al "enemigo público número uno"

Cerca de un mes y ocho jornadas de exposición ante el tribunal han bastado para que Turquía ponga fin al juicio contra su "enemigo público número uno". Un proceso judicial que la defensa ha calificado desde un principio como nulo, tanto en el fondo como en la forma. Unos inicios marcados por las extrañas circunstancias en las que el líder kurdo fue capturado por las autoridades turcas el pasado 15 de febrero en Kenia, y por el confinamiento de Ocalan como único reo en la isla-prisión de Imrali, situada en el mar de Mármara, a 35 kilómetros de la costa. A partir de entonces han sido múltiples las quejas de la defensa de Ocalan, un grupo de abogados que voluntariamente decidió defender la causa del guerrillero kurdo. Las excepcionales medidas de seguridad impuestas por el Gobierno turco han impedido la libertad de movimientos exigida por los letrados, quienes en todo momento han denunciado los escasos encuentros permitidos con el acusado y la presencia en ellos de guardianes encapuchados.

La presión de la opinión pública, partidaria de ver a Ocalan en la horca, también hizo mella en el transcurso del juicio, que comenzó el 31 de mayo. Letrados y familiares del líder kurdo se vieron obligados a abandonar el hotel en el que se hospedaban debido a las continuas amenazas, y el Gobierno turco decidió acomodarlos en un recinto especial.

La decisión del Parlamento turco de sustituir al juez militar que se sentaba en el tribunal por un magistrado civil en el tribunal también sirvió de argumento a la defensa, quien solicitó una suspensión del juicio al estimar que este cambio suponía una ruptura en el desarrollo del proceso.

La defensa considera asimismo que Ocalan ha sido sentenciado en un "juicio político", en el que la fiscalía no ha podido presentar pruebas tangibles de los crímenes que se le imputan.