El juez admite una querella criminal contra la directora general de Minas por coacciones, amenazas y falsedad

El juzgado de instrucción número 25 de Madrid, cuya titular es Carmen Lamela, ha admitido la querella criminal interpuesta el pasado mes de marzo por un funcionario del Ministerio de Industria contra la directora general de Minas, Paloma Sendín de Cáceres, por los supuestos delitos de amenazas, coacciones y falsedad, según informó ayer la Cadena SER. La querella del funcionario relata que la directora de Minas -cuya figura fue muy cuestionada por su papel en la concesión de subvenciones polémicas- entró en su despacho a raíz de que se desatara la polémica de las ayudas, y le obligó a entregar diversa documentación y expedientes, además de acceder a su ordenador. Supuestamente, la directora de Minas buscaba el origen de diversa documentación que estaba siendo reproducida en los medios de comunicación y que, en algunos casos, contenía anotaciones de su puño y letra.

La actuación de la directora de Minas provocó incluso la protesta por escrito de la junta de personal del Ministerio de Industria. Dicha protesta está incluida en la querella y, según relata, el registro a los funcionarios sólo puede realizarse cuando se haya abierto previamente un expediente que proporcione todas las garantías legales.

La actuación de Paloma Sendín originó los reproches de la oposición en la subcomisión de Industria, ante la que la directora de Minas ha comparecido en dos ocasiones para defender todas las actuaciones del departamento en el reparto de ayudas mineras. El ministro de Industria, Josep Piqué, defendió ardorosamente la labor de su subordinada ante la subcomisión e incluso en una ocasión instó a uno de los diputados socialistas a retirar sus afirmaciones sobre la responsable de Minas.

Polémicas

Del departamento de Paloma Sendín dependieron las subvenciones más polémicas examinadas en el Congreso, entre ellas las concedidas a la empresa Uría Motor, del ex consejero de Castilla-León, condenado por prevaricación, Miguel Pérez Villar, o a las explotaciones porcinas de Castileon 2000 en Palencia. Asimismo, de su departamento partieron las autorizaciones de cobro de ayudas de la empresa Hullera Vasco Leonesa, en la que el Ministerio de Industria detectó un presunto fraude por la mezcla de carbones, sin que tomara ninguna decisión al respecto.

Según relató Sendín en el Congreso, la decisión de no actuar contra Hullera Vasco Leonesa -con cuyos directivos abordó el caso "extraoficialmente"- se tomó porque, en su opinión, el fraude detectado por los técnicos no se podía probar ante los tribunales de justicia.

El caso de Hullera Vasco Leonesa, dada la documentación existente y las declaraciones de la directora de Minas, es uno de los que más posibilidades tiene de acabar ante la Fiscalía en forma de denuncia impulsada por el PSOE y por Izquierda Unida.