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CUMBRE DE RÍO

España acepta la idea de una salida humanitaria al "caso Pinochet"

El presidente de Chile, Eduardo Frei, informó ayer al presidente del Gobierno español, José María Aznar, sobre el grave deterioro de salud que sufre el general Augusto Pinochet, aquejado de diabetes con complicaciones cardiorrespiratorias. A este cuadro hay que sumar una grave depresión que exige medicación y complica aún más la situación del octogenario general golpista. Un empeoramiento de la salud de Pinochet podría decidir a las autoridades británicas a admitir su traslado a Chile por razones humanitarias. Aznar hizo saber a Frei que su Gobierno no pondría objeciones a ese traslado si así lo decidiera la justicia británica. El caso del general Pinochet fue el tema central de la entrevista mantenida por Aznar y Frei, la primera entre los dos políticos desde que la justicia británica ordenó la detención del general mientras se tramitaba la petición de extradición formulada por el juez Baltasar Garzón.

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El ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que dio cuenta en conferencia de prensa de la entrevista, señaló que el Gobierno español aceptaría cualquier decisión que adoptaran las autoridades británicas al respecto, y mantuvo la conocida posición española de estricto respeto a la decisión de los tribunales. Matutes expresó su disposición a "buscar soluciones que sean conformes a derecho", y, "si realmente se produjera una situación de deterioro [en la salud de Pinochet] y hubiera, por tanto, razones poderosas, es una decisión que correspondería al Gobierno británico, pero no tengo inconveniente en estar presente en lo que tengan que hablar las dos partes implicadas, que son el Gobierno chileno y el inglés".

De antemano, el Gobierno español había comunicado al de Chile que no veía factible un arbitraje internacional en el caso Pinochet acogiéndose al artículo 30 del Convenio Internacional contra la Tortura, aunque está dispuesto a estudiar las propuestas que el Gobierno chileno le someta. Al Gobierno español le parece más acorde a derecho someter el caso a la consideración del Tribunal Internacional de La Haya, cosa que las autoridades chilenas no han hecho.

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