El Gobierno considera "preocupante" la escasez de recursos hídricos en Alicante y Castellón

El Gobierno central ha reconocido oficialmente que la situación de los recursos hídricos disponibles es "especialmente preocupante" en el sur de la provincia de Alicante y en el norte de la de Castellón. Lo ha hecho en su respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Nova Esquerra Manuel Alcaraz, quien la ha calificado de "ambigua" y ha denunciado que la Administración "no se define" sobre la declaración del estado de sequía en la Comunidad Valenciana. Mientras, las organizaciones profesionales agrarias reclaman la adopción de medidas de ayuda.

En su pregunta, Alcaraz, se interesaba por la posición del Gobierno en torno a la solicitud de la Generalitat de la declaración oficial del estado de sequía y la habilitación de ayudas diversas para los agricultores afectados. El Gobierno le ha contestado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "está realizando un seguimiento sobre la situación de adversidad climatológica por ausencia de precipitaciones y sus efectos en las actividades productivas agrarias de las distintas comunidades autónomas". Y añade: "La Comunidad Valenciana ha sufrido esta campaña una disminución importante de las precipitaciones, de forma que en algunas comarcas ni siquiera alcanzó el 50% del nivel de un año normal. La situación es especialmente preocupante en el sur de Alicante y en el norte de Castellón y afecta a la ganadería, los cultivos de secano y al regadío, con disminución de caudal de los pozos y la salinización de los mismos". Pero el Gobierno recuerda que "esta situación de déficit pluviométrico es común, con igual o mayor intensidad, a otras comunidades autónomas, como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura". Por todo ello el Ministerio de Agricultura ha mantenido reuniones con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y de la Confederación de Cooperativas Agrarias, para "evaluar la incidencia de la sequía y analizar las medidas paliativas a adoptar". Además, señala que ha organizado un encuentro con las comunidades autónomas para analizar la situación y determinar su "grado de compromiso y corresponsabilización" en relación con el catálogo de medidas a llevar a cabo con la mayor irgencia posible. Pero de momento todo son estudios, como recuerda Manuel Alcaraz. "El Gobierno reconoce la disminución pluvial en la Comunidad Valenciana", manifestó ayer el diputado de NE, quien denunció que "pese a ello no anuncia medidas explícitas directas, limitándose el Gobierno a anunciar reuniones con los afectados directos y al estudio de posibles actuaciones futuras". Los datos referentes al agua embalsada confirman la gravedad de la situación: los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentran al 27,99% de su capacidad, según los datos facilitados aye. En total, suman 929,93 hectómetros cúbicos de agua -su capacidad total es de 3.322,7 hectómetros- lo que supone una disminución de 25,76 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Precisamente, ayer se conoció que la Unió de Llauradors i Ramaders-Coag ha solicitado a la Consejería de Agricultura y a la Delegación del Gobierno que realicen un estudio detalladado para evitar que ninguna zona de la Comunidad Valenciana afectada por la sequía se quede fuera de las ayudas que concede el Ministerio de Agricultura. En sus escritos, la Unió reclama la realización de un mapa de las zonas que hayan sufrido unas pérdidas medias de cosecha en los cultivos de secano o aprovechamientos ganarderos (bovino, ovino, caprino, equino, porcino y la apicultura) superiores al 50% de la producción normal para que puedan beneficiarse de la aplicación del reciente Real Decreto que aprueba medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía. Además, la Unió ha instado a la Generalitat a que bonifique la otra mitad de los préstamos otorgados por el ministerio con el fin de que el interés resultante para los agricultores y ganaderos beneficiados de la Comunidad Valenciana sea cero. El citado Real Decreto establece que la bonificación de los préstamos tendrá una cuantía equivalente a la mitad del tipo de interés y deja a las comunidades autónomas la opción de bonificar la otra mitad del tipo de interés. La Unió considera conveniente que la Generalitat fije la dotación presupuestaria suficiente para que el interés resultante a los beneficiarios sea cero, puesto que la situación de sequía es "sumamente preocupante en algunas zonas de la Comunidad Valenciana".