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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Sentencia ejemplar

EL TRIBUNAL Comercial de Londres ha dictado una sentencia civil firme contra el financiero Javier de la Rosa y la anterior cúpula de KIO por su responsabilidad en cuatro operaciones financieras realizadas a través de Suiza que le costaron a la empresa el vaciamiento fraudulento de unos 450 millones de dólares. El juez consideró a los acusados culpables de conspiración para apropiarse del dinero de Torras. Javier de la Rosa habría participado, según la sentencia, en todas las conspiraciones, y en su entorno estuvieron los máximos ejecutivos de KIO a comienzos de los noventa: Fouad Jaffar y Fahd al Sabbaj. La sentencia condena también al jeque Jhaled al Sabbaj, que sólo participó en una operación fraudulenta, y al abogado Juan José Folchi, por supuesta negligencia en la defensa de los intereses de Torras. La sentencia les condena a reembolsar de forma solidaria 75.000 millones de pesetas, más los intereses correspondientes y las costas del juicio. La mal llamada ingeniería financiera de Javier de la Rosa y la cúpula directiva de KIO queda definida así en un texto judicial como una simple práctica fraudulenta. La sentencia es firme y bien argumentada. También es ejemplar por la cuantía de la sanción impuesta, que destruye todo atisbo de rentabilidad para la empresa en las operaciones denunciadas. Además, la investigación de la justicia británica ha permitido descubrir a la opinión pública casos tan graves como el de los inspectores de Hacienda Aguiar y Huguet, que quizá no hubiera podido aflorar con una investigación desde España.

Es posible que la justicia británica no se haya mostrado muy rápida, puesto que han pasado seis años desde que se presentaron las primeras denuncias ante la Corte Comercial de Londres. Pero de ese mismo año de 1993 data la querella formalizada en España ante la Audiencia Nacional, y a estas alturas el sumario principal está en fase de instrucción. Sólo el procedimiento separado por la venta de las papeleras Icsa-Impacsa ha podido cerrarse hasta ahora y la semana próxima comenzará la vista oral por este caso.

La Audiencia Nacional fijó ayer una fianza de 5.000 millones de pesetas para la libertad de De la Rosa, que está en prisión desde el 15 de octubre pasado. La cuantía está en consonancia, según la resolución judicial, con el volumen de dinero que se le reclama y con el riesgo de fuga.

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Aunque sea con retraso respecto de la sentencia británica, la justicia española tiene que zanjar las cuentas pendientes con De la Rosa y su equipo, de la misma forma que lo está haciendo con el caso Banesto. Es imprescindible cerrar estos dos capítulos con sentencias creíbles para clausurar una funesta etapa. Los tribunales deben desvelar el perímetro de corrupción montado por De la Rosa para enmascarar sus prácticas de desvalijador de cuello blanco, documentadas y condenadas en firme en Londres.

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