Champalimaud pide ayuda a Bruselas

El industrial y financiero António Champalimaud ha ordenado a su equipo jurídico una respuesta contundente al veto del Gobierno de Lisboa, especialmente tras conocer que las autoridades comunitarias han planteado serias dudas a la decisión anunciada el viernes por el ministro de Finanzas, António Sousa Franco. El Ejecutivo portugués ha explicado que el Grupo Champalimaud no cumplió la obligación legal de informar previamente del acuerdo al vender una participación superior al 20% de su compañía aseguradora. Sin embargo, el consorcio rechaza esas alegaciones por estimar que el acuerdo inicial no contempla una "posición cualificada" (superior al 20%) del BSCH en el área de los seguros. A juicio del grupo luso, "la decisión del Gobierno establece un grave precedente", puesto que demuestra una actuación "arbitraria" contra la libertad de capitales y movimientos de empresas, protegidos por la legislación comunitaria.

La familia Champalimaud sostiene que mantendrá y "reforzará" su acuerdo con el BSCH, y rechazó de plano la oferta de compra, impulsada desde el propio Gobierno, para vender la totalidad del grupo asegurador Mundial Confiança, cabecera del grupo empresarial y financiero, al Banco Comercial Portugués (BCP), antiguo aliado del Central Hispano hasta su fusión con el Santander de Emilio Botín. El hombre más rico de Portugal, con un patrimonio estimado de 180.000 millones de pesetas, explicó ayer al semanario Expresso que no está dispuesto "a aceptar ofertas de banqueros que, en compadreo con el Gobierno, me trataron de una forma que, entre colegas, se puede calificar de insólita para formar un grupo concertado de monopolio en la banca portuguesa". Su hijo, Luis Champalimaud, calificó el día anterior de "lamentable" que los máximos responsables de la banca lusa y competidores del nuevo grupo "fueran a buscar ayuda y protección en las faldas del Gobierno".

Equipo jurídico del BSCH

Por otro lado, la mayoría de los medios de comunicación, destacados empresarios, alguno de ellos con fuertes intereses en España, y los partidos de la oposición, con la excepción del Partido Comunista, expresaron su malestar por la inconsistencia de los argumentos jurídicos o legales en el veto gubernamental y solicitaron explicaciones detalladas del Gobierno sobre esa decisión. El diario Público se pregunta cuáles son los "intereses nacionales" que plantea el Gobierno frente a los intereses reales de los clientes. Los medios de comunicación sugieren que la decisión provocará largos litigios en los tribunales, puesto que, como asegura el Diario de Noticias, Antonio Champalimaud "no es un hombre que ceda, como lo ha demostrado en los tiempos del dictador Salazar". Asimismo, los medios de comunicación coinciden, casi de forma unánime, en los frágiles e inconsistentes argumentos jurídicos alegados para rechazar el acuerdo. El vicepresidente del Partido Social Demócrata (PSD), José Alberto Tavares, solicitó al Gobierno una aclaración de tales argumentos y criticó el uso electoralista de esa decisión. Su compañero de partido y presidente regional de Madeira, Alberto João Jardim, lo calificó de "ilegal", mientras el máximo responsable del Partido Popular, Paulo Portas, acusó al Gobierno de desestabilizar el mercado de capitales.

Por su parte, Belmiro de Azevedo, uno de los grandes empresarios del país con fuertes intereses en España, explicó a la agencia Lusa que el Estado sólo debía actuar "si las reglas fueron infringidas". El presidente del Grupo Sonae opina que el veto del Gobierno enturbiará las relaciones de España y Portugal: "El problema es muy grave para las relaciones bilaterales y, de un modo general, para la globalización de la economía. Nosotros estábamos haciendo grandes progresos para el entendimiento ibérico y ahora estamos dando un paso atrás en esas relaciones".

Decisión política

Algunos analistas portugueses consideran que el veto a la operación constituye "una decisión política poco justificable, en términos legales, que atenta contra los principios comunitarios que garantizan la libre circulación de capitales". Dichos analistas sostienen que "la decisión del Gobierno ha caído como una bomba en el mercado de valores, que no esperaba una solución en este sentido. Fue una noticia mala para la banca que está provocando la huida de los capitales extranjeros de Lisboa. El Gobierno ha reaccionado de forma precipitada y con unas justificaciones que parecen insuficientes para bloquear un proceso de fusión con uno de los mayores bancos europeos. Con esta decisión, el Gobierno portugués está penalizando el mercado y provocando la pérdida de confianza de los inversores extranjeros".