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Editorial:

Escándalos alimentarios

Los países pequeños sólo saltan a las primeras páginas de los periódicos cuando se ven envueltos en escándalos. Así le ocurrió a Bélgica con el infame caso Dutroux, con la condena por soborno del que fuera su hijo político favorito Willy Claes, y en las últimas semanas con el caso de los alimentos contaminados, que desde los pollos con dioxina ha saltado a la Coca-Cola tóxica. Incluso la marca más conocida del mundo, el icono por excelencia de la sociedad global, se ve en entredicho por causas todavía sin aclarar. No es sorprendente en este marco que la derrotada coalición cuatripartita encabezada por el socialcristiano Dehaene haya sido incapaz de quitar de la cabeza de los belgas que votaban el 13 de junio la idea de que su país está decididamente mal gobernado y necesita reformar profundamente sus instituciones. Si en el caso del pederasta y asesino múltiple Dutroux se trataba de la incompetencia policial y judicial, en el de la dioxina cancerígena se trata de la falta de información proporcionada por Bruselas a sus socios de la Unión Europea y la lenta reacción de sus autoridades ante unos hechos graves. Con ser obvia la responsabilidad belga en la inquietud con que muchos europeos acuden hoy al supermercado -en España la sensibilidad de los consumidores está agudizada por la memoria de la tragedia que entre nosotros supuso la venta de aceite de colza adulterado-, hay que trascender el epicentro de la alarma para apreciar la dimensión real del fenómeno. Antes que las dioxinas belgas fueron las vacas locas británicas. La libertad de mercado tiene enormes ventajas para el consumidor, pero una de las contrapartidas es la dificultad de rastrear la circulación y distribución de productos alimenticios una vez que éstos superan los controles de sus Gobiernos respectivos. Ahora sabemos que Coca-Cola belga importada por un almacenista zamorano se ha vendido, por ejemplo, en Asturias o Cataluña.

Francia acaba de proponer la armonización en la UE de las reglas de seguridad alimentarias. El presidente Chirac ha sugerido, en su entrevista de ayer con Clinton, la creación, en la próxima cumbre del G-8 (los siete países más industrializados y Rusia), de un consejo científico mundial encargado de velar por la seguridad de los alimentos.

Las sociedades ricas e informadas valoran casi por encima de todo la salud y bienestar de sus miembros. A veces, en esa búsqueda de un seguro a todo riesgo contra algunas de las amenazas del mundo moderno, tienden a la desconfianza generalizada, cuando no a conclusiones desproporcionadamente alarmistas. Los escándalos alimentarios disparan en el consumidor la teoría de que la industria del ramo está tentada de preferir su propio provecho a la salud pública.

Pero por algo hay que comenzar. Porque no se puede confundir este deseo imposible de estar a resguardo de todo riesgo con el hecho de que hay aspectos de la cadena alimentaria que dejan mucho que desear: por ejemplo, el reciclaje en harinas de alimentación animal de los desechos de matadero. El caso de las vacas locas ha mostrado, más allá de toda duda razonable, que hay una amenaza a la salud de los humanos, consumidores finales, en el uso de estas harinas que se utilizan para alimentar al ganado. Pese a ello, la Comisión Europea sigue tres años después sin ponerse de acuerdo a la hora de fijar normas comunes en sus procesos de fabricación. La decisión, como siempre, implica desgastes políticos y electorales, gastos extraordinarios y la voluntad de luchar contra poderosos intereses creados. Pero, incluso desde el más miope punto de vista, en un mercado global no hay mayor bien a proteger que el de la salud de los millones de anónimos consumidores que lo sustentan.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de junio de 1999