El Defensor del Pueblo acusa a las administraciones públicas de no hacer caso de sus quejas

Las administraciones públicas no hacen caso al Defensor del Pueblo. O, si se lo hacen, suele ser tarde, demasiado tarde, y mal, habitualmente mal. Así de claro y de amargo lo dijo ayer Fernando Álvarez de Miranda en el Congreso de los Diputados, en el que presentó su última memoria anual, la de 1998, como defensor, ya que su mandato expira en diciembre. "La Administración", criticó tras reunirse con Federico Trillo, el presidente de la Cámara, "tarda mucho en contestar nuestras quejas. Y cuando lo hace no es de manera favorable". "No quiero", añadió, "poner más tinta negra en el asunto, pero debo decir que las respuestas positivas son muy escasas".

El informe anual del Defensor de Pueblo critica por primera vez dos cuestiones que Fernando Álvarez de Miranda, el titular de la institución, considera especialmente lesivas para los ciudadanos. Una atañe al Ayuntamiento de Madrid, que durante 1998 notificó y cobró de forma irregular, cuando no ilegal, las multas de tráfico. La segunda implica a varios consulados de España en el extranjero, que se niegan de forma sistemática, según denuncia, a legalizar los matrimonios entre un español o una española y su pareja nativa, sobre todo si ésta es de un país pobre. Aun así, los ciudadanos presentaron el año pasado 23.964 quejas, un 30% más que en 1997. Álvarez de Miranda hizo dos grandes bloques con ellas: las que solicitaron amparo ante el mal funcionamiento de los diferentes organismos públicos -expropiaciones mal hechas y mal pagadas, multas municipales de tráfico, contaminación acústica, fiscalidad de la familia en el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)...- y las que pedían auxilio ante la vulneración sistemática de ciertos derechos fundamentales.

Es este último, sin duda, el apartado que más preocupa al defensor. Álvarez de Miranda abundó en que, aunque la sociedad está cada vez más concienciada, la mujer sigue estando discriminada en España. Y en que esa discriminación, desgraciadamente, se traduce en malos tratos psíquicos y físicos, en un sufrimiento continuado que desemboca a veces en la muerte violenta.

También se refirió a la situación de los inmigrantes irregulares. "No están suficientemente bien tratados", afirmó el defensor, quien pidió que se mejoren los asentamientos preparados para ellos tanto en Ceuta como en Melilla y la asistencia de abogados con el fin de evitarles la indefensión jurídica.

El defensor comentó igualmente que la calidad de los servicios sanitarios ha evolucionado de modo satisfactorio en lo relativo a las condiciones materiales y funcionales, pero agregó que subsisten lamentablemente algunos problemas. Entre éstos aludió a que la información que reciben los enfermos y sus familiares en los servicios de urgencia de los grandes hospitales no es todo lo buena que debiera ser.

El incremento de las quejas respecto al año anterior se debe, según Álvarez de Miranda, a las que se formularon de forma colectiva, fundamentalmente referidas a la política lingüística de Cataluña. El defensor apuntó también haber recibido un buen número de protestas de catalanohablantes que no se sienten defendidos por la institución que dirige.

Además de las casi 24.000 recibidas, el Defensor del Pueblo inició durante el año pasado 156 quejas de oficio, es decir sin que mediara petición previa por parte de los ciudadanos.

Entre ellas destacan las investigaciones abiertas sobre los fallecimientos de presos, bien por suicidios o por otras causas no aclaradas; el uso de Internet desde entidades públicas para intercambiar pornografía infantil; el tráfico de mujeres; los vertidos en el Parque Nacional de Doñana, y el caos de los aeropuertos en general y el de Madrid-Barajas en particular.

Álvarez de Miranda concluyó asegurando que, pese a la falta de colaboración por parte de las distintas administraciones, los ciudadanos tienen un buen concepto del Defensor del Pueblo.

"Estamos entre las instituciones mejor valoradas del país. Tres de cada cuatro personas conocen la existencia de la Defensoría. El 71% están satisfechos con nuestra gestión, aunque un 41% señalan que las administraciones no nos hacen suficiente caso. Y debo decir que tienen razón. Incluso, que se quedan cortos".