Un informe de las autonomías derriba tabúes sobre su participación en los órganos de la UE

Las comunidades autónomas han elaborado un informe en el que derriban los argumentos que hasta ahora ha mantenido el Gobierno central para no permitir su participación en los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de la UE, el órgano donde se toman las decisiones europeas. Su intervención durante 1998 en 24 de los 350 comités de ejecución de la Comisión Europea les ha valido para certificar que una región puede defender los interes del resto participando junto a los funcionarios de la delegación central sin que se convierta en un foco de conflictos.

Cuando el Consejo de Ministros de laUE adopta una decisión encomienda a la Comisión que la lleve a la práctica. El propio Consejo se encarga de controlar esa ejecución a través de los comités, integrados por representantes de los quince estados miembros. Así, estos órganos se constituyen en el peldaño inmediatamente inferior a los grupos de trabajo del Consejo de Ministros y, de momento, en la única forma de participación directa de las autonomías en delegaciones del Estado. De los 350 comités existentes, el Gobierno facilitó el acceso de las comunidades a 55, entre los que figuran algunos de peso y otros secundarios. Los gobiernos autónomos se los distribuyeron y acordaron el sistema para que una región representara al resto y consensuara las decisiones a tomar. En febrero valoraron la experiencia en una reunión celebrada en Santander y la pasada semana cerraron el informe que acaban de mandar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque la experiencia prosigue este año, en el documento ya se adelantan algunas conclusiones dirigidas a doblegar la resistencia de Madrid a abrirles la puerta del Consejo de Ministros, reivindicación casi histórica del Gobierno vasco. En primer lugar, el informe destaca que "no ha habido problemas ni suspicacias porque una región haya representado al resto en los comités que le hayan tocado". En esta línea, el director de Asuntos Europeos del Ejecutivo de Vitoria, Juan Diego, añade que "tampoco se han producido dificultades con la delegación del Estado. Ningún ministerio se ha quejado". "Madrid sostiene que permitir a las regiones intervenir en el Consejo de Ministros va a convertir ese foro en una jaula de grillos, cada uno tirando hacia un lado distinto. Pero, con la experiencia que podemos acreditar en los comités de ejecución, esa teoría se cae por su propio peso", argumenta Diego. La mecánica de funcionamiento en estos comités es similar a la de los grupos de trabajo del Consejo. Desigual participación Las comunidades no han participado en todos los comités que tenían asignados: De los 55 sólo han asistido a 23. Además, se ha producido una desigual intervención: Once autonomías han participado en reuniones frente a seis que no han acudido a ninguna cita. Según Diego, la diferente participación se debe a que el Estado no la ha facilitado al mostrarse pasivo y no transmitir la información a los representantes de las autonomías sobre cuándo se reunían los comités. De esta forma, las comunidades que más han intervenido son las que más se han movido o las que disponen de una infraestructura más consolidada en Bruselas, como es el caso de Euskadi, que cuenta con una delegación. El informe revela que el País Vasco es el que ha acudido a más comités: siete de los nueve que se le adjudicaron para 1998 y 1999. "Hemos controlado si se reunían y el ministerio correspondiente no nos informaba. La Administración del Estado no ha facilitado la participación y todo ha quedado supeditado al interés y la tabarra que han dado las regiones a cada ministerio", explica Diego. A los dos que no ha acudido es porque están inoperativos. La siguiente comunidad más activa ha sido Cataluña, que ha participado en tres de los seis comités que tenía adjudicados. En el número de reuniones de estos equipos, Euskadi también lleva ventaja al resto. Los representantes vascos han estado presentes en veinte citas, por las cuatro de Andalucía, cuatro de Castilla-La Mancha, cinco de Murcia, tres de Galicia y dos de Extremadura. La transmisión de la información por parte de los representantes autonómicos en los comités al resto de las comunidades se efectúa por dos vías: a través del órgano encargado de los asuntos europeos o por los responsables sectoriales.