El juez ordena al Ejército chileno la detención de los cinco oficiales procesados

El juez chileno Juan Guzmán Tapia ha demostrado una tremenda destreza jurídica a la hora de redactar el auto de procesamiento, con orden de detención, de cinco militares de alta graduación acusados de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Al entregar la resolución al jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, el juez solicita que la institución disponga los recintos militares en los que debe cumplirse la detención. Dicho de otro modo, el juez ha implicado al jefe del Ejército en el cumplimiento de la orden.

, La estrategia de Guzmán Tapia significa en la práctica, según subrayaron ayer varios letrados, que el máximo jefe militar entregaría a cinco de sus hombres, imagen difícil de digerir en el conjunto de las Fuerzas Armadas. La orden de detención afecta a dos generales, dos coroneles y un capitán procesados por su participación en la caravana de la muerte, una comitiva que actuó de norte a sur de Chile tras el golpe de 1973 y que dejó un reguero de muerte. Fueron 72 los presos víctimas de esta caravana, según la Comisión Rettig, aunque los abogados que representan a la parte querellante elevan esta cifra a 109. Todos eran presos políticos, algunos procesados y condenados a penas menores, que fueron sacados de diferentes centros de detención para ser asesinados con los métodos más brutales, según la acusación. Después de una larga y exhaustiva investigación, el juez Guzmán ha empezado a actuar en la veintena de querellas que instruye y ha enviado un claro mensaje a la sociedad chilena sobre cuál será su estrategia. Este magistrado no sólo ha desmentido a quienes no tenían la más mínima confianza en su actuación, sino que ha desautorizado en toda regla la opinión del Ejército y de los nostálgicos de la dictadura de que el decreto ley de amnistía de Pinochet impide toda acción contra los criminales. Guzmán ha hilado fino y procesó el martes a los cinco primeros militares por el delito de secuestro calificado o con agravante, que no prescribe, y que, por consiguiente, no puede ser amnistiado. No los procesó, en contra de lo que pedían los querellantes, ni por genocidio ni por homicidio. La noticia cayó como una bomba en Chile, donde todos los medios informativos le dedicaron amplios espacios. Los medios jurídicos y periodísticos sabían que algo fuerte iba a ocurrir en el despacho del juez Guzmán desde que el pasado 24 de mayo la ex directora jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores y viuda de una de las víctimas de la caravana de la muerte, Carmen Hetz, y su hijo, presentaran una querella criminal contra Pinochet y otros siete altos oficiales y pidieran su procesamiento. Pero desconocían los detalles. Los generales Sergio Arellano Stark y Sergio Espinoza Bravo, los coroneles Sergio Arredondo, Marcelo Morén Brito y el capitán Patricio Díaz Araneda son los primeros altos jefes y oficiales que son procesados en Chile desde el juicio a los general Manuel Contreras y Sergio Espinoza por el asesinato del canciller Orlando Letelier. Ambos están en la cárcel de Punta Peuco. El juez no ha tomado, de momento, ninguna decisión respecto al general Augusto Pinochet, detenido en Londres, a pesar de que los querellantes lo colocaban en primer lugar en la lista de imputados por la caravana de la muerte. Tampoco hay decisión sobre el capitán Armando Fernández Larios, otro de los acusados, que actualmente reside en Estados Unidos en calidad de testigo protegido. Pero Guzmán sólo ha escrito el primer capítulo. Fuentes del palacio de tribunales de Santiago señalaron a este diario que en los próximos 15 días puede haber nuevos acontecimientos y, tal vez, nuevas órdenes de detención y autos de procesamiento contra oficiales. El general Arellano Stark salió de su casa el miércoles por la noche a bordo de una ambulancia rumbo al hospital de la Fuerza Aérea, donde estaría detenido según indicaron fuentes de la acusación. El militar fue operado la semana pasada de un aneurisma.

"Caravana de la muerte"

No está claro el paradero de los otros procesados y algunas fuentes insinuaron que el coronel Arredondo habría huido. Claudio Arellano Parker, abogado y sobrino del general, dijo que su cliente está dispuesto a asumir su responsabilidad en el mando de una misión, pero negó que se trataba de una comitiva. Se refirió, sin citarla, a la caravana de la muerte. Lo que hubo, precisó, fue un grupo de gente que se infiltró y que no estaba al mando del general Arellano Stark. El abogado reconoció que se trataba de "una misión oficial e institucional encomendada por Pinochet, pero el general jamás encomendó crímenes, ni jamás mi representado los cometió. La misión [de la caravana de la muerte] era unificar criterios judiciales y establecer criterios institucionales comunes". Por el contrario, los abogados y querellantes subrayaron el avance que supone la decisión del juez Guzmán para la causa de los derechos humanos en Chile y calificaron de "histórico" el paso dado por el magistrado.